Cuenta atrás para el desenlace de la ATE del Valencia CF tras el informe de Urbanismo

L’Ajuntament ha demanat la nul·litat al “no donar-se les condicions legals” pels “continuats incompliments” del Club

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La Actuación Territorial Estratégica (ATE) concedida al Valencia CF pende de un hilo. En la mañana de ayer la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, presentó un informe en el que recomienda a la Generalitat no prorrogar la ATE y que, en caso de hacerlo, debería exigir a la propiedad del Club "avales del 100 % de los costes del polideportivo de Benicalap y que se garantice que todas las obras se van a desarrollar".Pese a que este informe no es vinculante, sí que dispone de un peso muy destacado con argumentos contundentes para la decisión que deberá tomar próximamente la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que encabeza el también socialista Arcadi España.En este sentido, durante la mañana de ayer también se produjo una reunión clave. El propio España se vio las caras con Juan Martín Queralt, que encabeza la plataforma De Torino a Mestalla, junto a otros integrantes del colectivo de oposición a Meriton, empresa que dispone la mayoría accionarial del conjunto de Mestalla.Tras esta reunión el propio Queralt declaró que "la epoca de Lim ha llegado a su final", asegurando que "no va a haber prórroga". "En el ánimo de la administración publica no está conceder ninguna prorroga. Ni en el Ayuntamiento ni en la Conselleria ni en De Torino a Mestalla lo contemplamos. No tiene ningún elemento a favor", aseveró.Por tanto, todo indica a que las posturas de la Conselleria son similares a las ya expresadas por el Consistorio, y no está previsto que se de ninguna tregua al respecto para tratar de empujar a Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, fuera del club. Pese a que la fecha límite para certificar la caducidad de la ATE era el 15 de mayo, el plazo para facilitar la construcción del nuevo estadio y para vender las parcelas del actual Mestalla se ha retrasado tres meses, hasta finales de agosto, por el primer estado de alarma que se vivió por la pandemia del coronavirus.Con todo ello, ahora se abre un escenario en el que se deberán analizar las posibles consecuencias jurídicas del informe presentado por Sandra Gómez para Peter Lim y su futura venta de las acciones.

"NO SE DAN LAS CONDICIONES LEGALES"

La vicealcaldesa Sandra Gómez fue tajante respecto a la postura de Urbanismo ante una posible prórroga de la ATE: "No se dan las condiciones legales" al entender que "no hay una causa de fuerza mayor con la que el Valencia CF pueda justificar sus continuos incumplimientos". "A día de hoy no se ha ejecutado nada con lo que verificar que el Valencia CF ha cumplido algún acuerdo", afirmaba al respecto de los informes recabados por las diferentes áreas municipales.Entre las obligaciones del promotor se encuentran la ejecución del nuevo estadio o el nuevo polideportivo para Benicalap, pero "no se ha iniciado ninguna actividad, ni tampoco hay ningún proyecto de obra nos permita llegar a la conclusión de que exista una voluntad activa".En el informe presentado se establece que el promotor de la ATE "ni tan siquiera ha iniciado la ejecución de ninguna de las cinco obras que constituyen los compromisos incluidos en la Fase II.1 (2018-2021), entre las que figura la construcción del nuevo estadio y del polideportivo municipal". "La posibilidad de prórrogas está expresamente contemplada en el régimen jurídico de la ATE, siempre que se cumplan los requisitos exigibles al efecto", recoge el documento así como que "la prórroga solicitada por el promotor es la máxima permitida en el régimen jurídico de la ATE, pues implicaría diferir la finalización del nuevo estadio (además de las medidas correctoras del estudio de movilidad y la urbanización del entorno del nuevo estadio) a junio de 2026, lo que ampliaría el plazo total para la terminación de la ATE en cinco años adicionales, pasando de diez a quince años".Por tanto, documenta que la solicitud de prórroga "debe resolverse por aplicación de la regulación del contrato administrativo de obras contenida en el TRLCSP de 2011, cuyo art. 213.2 exige a tal efecto que el retraso se deba a motivos no imputables al contratista y que este ofrezca cumplir sus compromisos dándole una prórroga".Asimismo, se argumenta que "el motivo alegado por el promotor para justificar el retraso, que es el fracaso de las gestiones para la venta de la parcela del "antiguo Mestalla" y la consiguiente imposibilidad de financiar sus compromisos, no resulta aceptable como motivo no imputable al contratista, ya que se trata de una cuestión financiera interna de la sociedad cuyas vicisitudes no son oponibles frente a la Administración, máxime si tenemos en cuenta que la ATE en ningún momento condiciona el cumplimiento de los compromisos del promotor a la previa venta de dicha parcela. Por tanto, consideramos que dicho motivo no puede justificar la concesión al promotor de una ampliación del plazo de ejecución".

AVALES NECESARIOS SI SE PRORROGA

En el informe se considera que si la Generalitat "aun estimando que la causa de la demora es imputable al promotor, optase por imponerle las penalidades que procedan y concederle una ampliación del plazo de ejecución, ante el riesgo cierto de incumplimiento de sus compromisos procedería exigirle una ampliación de la garantía definitiva".Los términos establecerían pedir "el 100 % del coste de construcción del polideportivo en parcela GSP-1 y restos arqueológicos" y "las garantías especiales o complementarias que considere oportuno exigir la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento del resto de compromisos que a fecha de hoy se encuentran pendientes".
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