Los niños y adolescentes valencianos serán ciudadanos de pleno derecho con la Ley de la Infancia y la Adolescencia

La llei planteja aspectes com la preferència de les víctimes de violència als serveis sanitaris, socials, als centres educatius o a les subvencions públiques

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El Pleno de Les Corts valencianas aprobó ayer, con los votos a favor de Compromís, PSPV, Podem y Ciutadans y la abstención del PP la Ley de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat Valenciana, que entre otros aspectos, da a los niños, niñas y adolescentes la consideración de "ciudadanos y sujetos activos de derecho" y la prioridad presupuestaria para para hacer efectivos sus derechos.

El objetivo de esta normativa es "valorar, difundir y mejorar la situación real de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana". Y bajo esta, quedan recogidas las personas menores de 18 años, que pasan a ser "ciudadanos y sujetos activos de derecho favoreciendo el ejercicio autónomo de sus derechos hasta donde lo permita su madurez".

Uno de los puntos fundamentales será el de la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad funcional o por otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas y sociales de los mismos niños y adolescentes y de sus familias.

Además, se introducirá la perspectiva de género en la creación, desarrollo y evaluació de las medidas que se adopten en relación a este colectivo, que tendrá prioridad presupuestaria en el ámbito de las competencias de las diferentes administraciones en políticas para hacer efectivos sus derechos. En este sentido, la ley obliga a que el presupuesto destinado a este fin "tiene que ser suficiente, sostenido en el tiempo y fácilmente identificable".

Para conseguir que los nuevos ciudadanos puedan ejercer sus derechos, la Generalitat Valenciana promocionará, sensibilizará, fomentará, desarrollará, defenderá y protegerá sus derechos individuales y, a la vez, promocionará acciones para fomentar el conocimiento y el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.

Por otro lado, las niñas, niños y adolescentes podrán participar en las actuaciones que impulsan las administraciones públicas en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

La protección de la vida y la integridad física

En cuanto a la protección de este colectivo, el artículo 10 garantiza la introducción de un protocolo integral de prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia y de atención a sus víctimas. En concreto, se formará a los profesionales de la educación, la atención sanitaria, los cosos y fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios sociales.

Por otro lado, tendrán una atención especial cuando sean víctimas de violencia. Aquellos que hayan sufrido maltrato, abuso sexual o violencia machista, tendrán una atención integral y preferencia en los servicios sanitarios, en los centros educativos, en los servicios y programas sociales y en las subvenciones y ayudas públicas que resultan necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de sus condiciones de víctimas.

Además, se adoptarán programas sociales para prevenir y proteger los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de explotación de su sexualidad, de prostitución infantil, de la pornografía infantil y para prevenir que no sean objetos de ningún tipo de abuso, sustracción o tráfico.

Derechos de la ciudadanía

Otro de los aspectos más significativos de esta ley es el ejercicio del derecho al honor, intimidad y propia imagen, siempre que su grado de madurez lo permita, un aspecto que hasta ahora correspondía a los padres o tutores legales. En este caso, cuando no haya este grado de madurez adecuado, serán los representados legales quienes deciden, siempre escuchando la opinión de los niños.
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