La pandemia del coronavirus está atrayendo más problemas de los esperados en un primer momento como pudiera ser la asistencia médica o el ritmo de vacunación. Cumplir con los trámites de todas las multas que se han impuesto relacionadas con la infracción de normas relacionadas con la Covid-19 no está siendo tarea fácil, y para ello la Generalitat destinará cinco millones de euros más en un plan de choque centrado en hacer frente a las multas. Según fuentes de la Conselleria de Justicia, se han interpuesto hasta 94.000 multas desde el período de Fallas de 2020.
El problema, por tanto, radica en la falta de personal necesario para poder tramitar este aluvión de denuncias, ya que hasta el momento está siendo insuficiente. Hasta nueve de cada diez sanciones relacionadas con la Covid-19 siguen sin cobrarse. Desde que arrancó la normativa de sanciones en verano, la plantilla aumentó hasta los 21 funcionarios, un número que se ha visto escaso a la hora de solventar el problema. Con la inversión prevista, se contratarán a 52 funcionarios, más del doble de la plantilla actual.
Cabe recordar que la tramitación de sanciones recae sobre el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, que depende de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. Antes de la pandemia estaba preparado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año, unas cifras muy por debajo de lo que se demanda en estos momentos.
La finalidad de Justicia es agilizar el proceso administrativo existente entre la denuncia del policía al ciudadano y el momento en el que le llega al infractor la sanción específica, ya sea por no ponerse la mascarilla, incumplir el toque de queda nocturno, fiesta ilegal o infracción contra el cierre perimetral. Según este organismo, el número de denuncias ha crecido de manera "espectacular" desde que entrara en vigor el régimen sancionador el 25 de julio.
No obstante, para entender la gravedad del problema hay que poner en contexto el proceso. De las 94.000 denuncias de los distintos cuerpos policiales de la Comunitat Valenciana, se han registrado menos de 13.000, por lo que hay alrededor de 81.000 sanciones pendientes de tramitar. De la misma forma, de estas 13.000 sanciones introducidas en el sistema se han iniciado 5.440 expedientes y se han acabado 1.323, es decir, casos en los que al infractor se la ha comunicado la multa final. De estos, solo 814 personas han pagado su multa a la Generalitat.
Con el fin de agilizar estos trámites cuanto antes, el último paso es un plan de choque dotado con 5,3 millones de euros y que conlleva dos decisiones: contratar una empresa especialista en gestión de multas y ampliar el servicio autonómico con 52 personas más: 25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares.