Pistoletazo de salida para la ampliación del Hospital Clínico de València. Mónica Oltra confirmó el pasado viernes que la Generalitat ha adquirido para este efecto la Escuela de Agrónomos de la Universitat Politècnica de València (UPV), situado en la Avenida de Blasco Ibáñez 21. Se trata de un bloque que cuenta con 11.000 m2 y que, además, permitiría la construcción de otros 19.000 m2. Es decir, estaríamos hablando de hasta 30.000 metros cuadrados a los que inicialmente se prevé trasladar el equipo quirúrgico del edificio actual.
El coste ha ascendido a 14,5 millones de euros, con los que desde la Generalitat se pretende "dignificar las infraestructuras sanitarias", en palabras del president, Ximo Puig. Más concretamente, la ampliación permitirá, por un lado "mejorar las condiciones para la investigación y la atención de pacientes" al mismo tiempo que "liberará espacio a las actuales instalaciones". Y ese, al fin y al cabo, es uno de los objetivos: que los pacientes cuenten con más espacio. La vicepresidenta, Mónica Oltra, anunció tras el pleno del Consell de la semana pasada que se pasará de 130 metros cuadrados por paciente a 170, "que es la superficie que un hospital requiere en estos tiempos".
Un proyecto de 15 años, con corrupción incluida
De esta forma, las obras necesarias para la adecuación del nuevo edificio comenzarán este año. Pero hay que recordar que esta operación estaba prevista desde 2002, pero fue en 2008 cuando el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, la anunció. Según el expresident, en 2011 se inauguraría y contaría con 120 camas y nueve quirófanos más.52 millones de euros que nunca llegaron a su puerto, sino a otro bien distinto. Y es que la contratación del vídeo de presentación de esta ampliación está siendo investigada por presunto fraccionamiento de contratos dentro de la trama Gürtel, por lo que está imputado el entonces conseller de Sanidad, Manuel Cervera. Cerca de 50.000 euros que se repartieron en diversos contratos menores para eludir el control administrativo y presuntamente otorgárselos a empresas afines de la trama.
En 2014, la Abogacía de la Generalitat instó al gobierno valenciano a personarse en el juicio de este caso pero el Consell rehusó esta posibilidad, renunciando también a recuperar parte del dinero malversado. Fue el pasado mes de diciembre cuando el nuevo Consell aprobó personarse en la causa con la intención de recuperar hasta 250.000 euros, entre los cuales se encuentran los de este proyecto.
Al respecto, la vicepresidenta Mónica Oltra, denunció tras anunciar la compra del nuevo edificio, que "el anterior Gobierno nunca movió un un dedo para que esta ampliación se produjera", pero "lo que sí se hizo fue pagar 50.000 euros a tres empresas de la trama Gürtel".