El actual alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, perteneciente al Partido Popular, tendrá que declarar como imputado con el cargo de malversación por haber cobrado un sueldo público en su puesto "adscrito funcionalmente" a la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante. Tal y como ha avanzado el diario Información, esto corresponde a un salario que cobró entre noviembre de 2008 y enero de 2014, del que no se tiene ningún registro de trabajo por su parte.
El edil de la localidad de La Vega Baja deberá comparecer en menos de un mes ante el juez en calidad de investigado por el cobro de un salario por el que percibió hasta 202.170 euros. Esta imputación se produce después de que Fiscalía Anticorrupción haya concluido que pudo haber cometido delito de malversación por cobrar este dinero público años antes de acceder a la alcaldía de Orihuela, donde asumió el mando en 2015 y donde salió reelegido en las últimas elecciones municipales.
La Conselleria de Sanidad inició en su momento un expediente administrativo contra Bascuñana en el verano de 2019 al no encontrar ningún elemento que indicara que esta persona acudiera a su puesto de trabajo entre 2008 y 2014. Posteriormente, el caso fue asumido por Fiscalía Anticorrupción en julio de 2020, organismo que no parece tener en que los hechos del alcalde del PP son constitutivos de delito. Por ello, ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Orihuela.
El mismo periódico apunta que, según la investigación la instructora del expediente incoado a Bascuñana (y archivado), a tenor de las resoluciones se suponía que Emilio Bascuñana debía trabajar en la Inspección sanitaria de Alicante y el salario lo percibía de un centro de salud de Orihuela. Pero, una testigo aseguró que no existía constancia de que el hoy alcalde del PP hubiera realizado algún servicio para la Inspección al menos hasta enero del 2012, cuando aparece el primer registro en la tarjeta donde se va grabando toda la actividad que desempeñan los inspectores. La misma testigo señalaba que "si un doctor tiene encomendados los servicios de inspección, no puede realizar otras tareas que no sean las de vigilancia, control, inspección y evaluación".
No obstante, según asegura Emilio Bascuñana, sus funciones eran de "asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo" porque tenía "buenas relaciones tanto institucionales como personales y profesionales con el personal no solo de la Conselleria de Sanidad sino también de otras". Y estas funciones asegura que las realizaba sin tener despacho porque lo hacía "desde diferentes sitios y lugares tanto desde casa mediante teletrabajo como en otros sitios". A ello añadía que no hay documentación de su trabajo porque "los informes no los realizaba por escrito". Para Fiscalía esta justificación no sustenta el cobro del salario público.
Así, Anticorrupción plantea que declaren los dos directores territoriales durante el tiempo que se produjeron estos hechos, José Vicente García y José Ángel Sánchez Navajas, y el director general de Recursos Humanos entre 2001 y 2012, José Cano. Por lo que, Fiscalía también investigaría a los responsables del nombramiento, mantenimiento y supervisión de la actividad de Bascuñana dentro de la administración pública, ya que podrían enfrentarse a un delito continuado de prevaricación.