El Gobierno reitera que está "plenamente comprometido" a seguir impulsando el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica y local, "una prioridad en particular para el Ministerio de Hacienda" que cree que debe instrumentarse de forma simultánea.
En una respuesta a Compromís en el Senado, fechada el 26 de marzo, el ejecutivo PSOE-Unidas Podemos aboga por "conseguir la mayor coherencia posible entre los sistemas de financiación territorial", aplicando las mismas reglas para todas las comunidades autónomas.
"Todas las CCAA, incluida la Comunitat Valenciana, han percibido los recursos que corresponde según la ley que regula el sistema de financiación autonómica, conforme a las reglas y criterios que fueron acordados por ellas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", recalca el Gobierno.
En cualquier caso, estas reglas y criterios son objeto de debate en el proceso de revisión del sistema actual. Entre la "multitud de medidas" destinadas a mejorar la financiación de las entidades locales, apunta la actualización de las entregas a cuenta en octubre de 2019 y el cálculo y transferencia de la liquidación definitiva de la participación de 2017, "aun encontrándose el Gobierno en funciones", así como el cálculo de las entregas a cuentas iniciales para 2020.
También destaca la aprobación de la prórroga de las inversiones financieras sostenibles para 2019, ampliando su ámbito objetivo para destinarlo a vivienda. En marzo del año pasado adoptó una "batería de mejora" de las condiciones financieras del fondo de financiación a entidades locales que beneficiaba principalmente a los ayuntamientos con una elevada carga financiera o con un periodo medio de pago a proveedores (PMP) superior a 60 días.
Todo ello, recalca el Gobierno de Pedro Sánchez en la respuesta parlamentaria, sin perjuicio de las subvenciones de apoyo al transporte de algunas autonomías y de apoyo a las inversiones.
Otra medida que resalta es la reactivación de las reuniones del grupo de trabajo sobre la regla de gasto, entre representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Ministerio. Hacienda anunció el aumento de la regla de gasto para 2020 hasta el 2,9% del PIB, frente al 2,8% previsto en la actual senda.
En su pregunta, el senador de Compromís, Carles Mulet, abogaba por una reforma del modelo de financiación local ampliando la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado, con el objetivo de "fortalecer la autonomía local" para garantizar el desarrollo de las competencias y unos servicios públicos de calidad de todos los ciudadanos "residan donde residan".
IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN DE VALENCIAPORT
Por otro lado, la coalición preguntó al Gobierno "qué medidas piensa adoptar para exigir un nuevo estudio de impacto ambiental actualizado del proyecto de ampliación del puerto de València", en base a una sentencia del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) que dio un "revés" a Lafarge al retirarle la autorización medioambiental que le concedió la Generalitat catalana en 2015 al considerarla nula. El fallo remarca que esa nulidad se debe a que la autorización se basó en un estudio de impacto ambiental del 2008 que ahora considera fuera de normativa, "desfasada".En el caso de Valenciaport, Compromís recuerda que la nueva terminal de contenedores cuenta con una DIA (declaración de impacto ambiental) de 2007 y "se ha constatado que hay modificaciones desde entonces sin que haya sido objeto de una nueva evaluación que permita valorar la afección ambiental derivada del nuevo emplazamiento del muelle". También cree que "existe un agravamiento de la incidencia paisajística".
El Gobierno, en su respuesta del 6 de marzo, insiste en su "compromiso" de trabajar conjuntamente con la Generalitat Valenciana para "garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del puerto de Valencia, incluida en su caso la renovación del estudio de impacto ambiental, a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías".