La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha lamentado que el Gobierno central no destine más recursos para la modernización de la Justicia en la Comunitat Valenciana. La consellera se ha expresado así tras la firma de un convenio con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mediante el cual este departamento del Gobierno central se compromete a transferir 779.000 euros a la Generalitat que tendrán que ser usados para mejorar la administración de Justicia en las tres provincias.
Gabriela Bravo ha agradecido la dotación, pero a su vez, también ha mostrado ante los responsables ministeriales que estos fondos "son claramente insuficientes" para las necesidades de la Comunitat Valenciana. Según ha explicado la consellera, "sabe perfectamente el ministro las necesidades de la Justicia en España y las grandes dificultades de las comunidades autónomas, especialmente la valenciana, con el problema de infrafinanciación".
Para la consellera, "el Gobierno central no sólo tiene pendiente corregir, de una vez por todas, el injusto modelo de financiación autonómica que nos discrimina de manera intolerable, sino que, además, debe ser más diligente a la hora de destinar más y mejores recursos para la modernización de un servicio básico para cualquier democracia avanzada como es la administración de Justicia". Según Gabriela Bravo, "el Gobierno central debería ejercer un verdadero liderazgo, dado que la Justicia es pieza clave para el Estado de Derecho".
El convenio firmado en Madrid establece que el Ministerio de Justicia ordenará la transferencia de la cantidad mencionada, que la Generalitat destinará, entre otros fines, a la instalación de sistemas de gestión procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad; a la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y a avanzar en el impulso y modernización de la Oficina Fiscal y Judicial.
Abogados y procuradores
Además, la consellera Gabriela Bravo ha firmado otro convenio con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mediante el cual se promoverá que las pruebas de acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador también puedan hacerse en valenciano.
La Generalitat asumirá el coste del desplazamiento a Madrid del personal necesario para que los exámenes (cuya confección es responsabilidad del Ministerio) sean traducidos.