Un grafiti con la fecha '1937' grabado en la fachada de un antiguo hospital de Sant Pere de Ribes fue el punto de partida. La arqueóloga Irene Estévez lo vio, sintió que algo no cuadraba y tiró del hilo. Lo que encontró al final de ese hilo fueron las actas de defunción de 19 soldados enterrados en el olvido. Esa curiosidad, hoy, ha puesto en marcha un mecanismo que involucra a dos comunidades autónomas, una diputación, varios ayuntamientos y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿hay alguien ahí fuera que recuerde a estos hombres?
La Diputació de València, a través de su delegación de Memoria Democrática, ha lanzado un llamamiento público para localizar a los familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil cuyos restos han sido identificados o están en proceso de serlo en dos cementerios: el de Bétera (Valencia) y el del municipio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Sin parientes que aporten muestras para la identificación genética, el proceso no puede avanzar. Los restos seguirán donde están, anónimos.
Un campo de concentración en mitad de la sierra
Diez de las once víctimas murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, enclavado en Serra, en plena Sierra Calderona valenciana. El campo fue creado originalmente por los republicanos en 1937 como espacio de identificación de sublevados durante la guerra. Pero la historia tomó otro rumbo. Cuando las fuerzas franquistas llegaron a los últimos reductos de Valencia, comenzó su actividad como campo de concentración con unos 1.500 presos. Miles de prisioneros republicanos, procedentes principalmente del Campo de Concentración de Albatera (Alicante), enfermos, cansados y famélicos, llegaban a la estación de tren de Bétera amontonados en vagones de ganado. Una vez allí los hacían formar y comenzaban a caminar por un estrecho camino que, después de nueve kilómetros de forzada marcha, los llevaría al edificio de un hospital a medio construir donde les esperaba lo que fue durante cuatro años el Campo de Concentración de Portaceli.
Según el registro civil de la localidad de Serra, donde se ubica el antiguo campo, fueron fusiladas 2.238 personas. La asociación Per la Nova República ha documentado que 62 de los republicanos que murieron allí fueron inhumados en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos, diez son valencianos, de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrían recuperarse si aparecen familiares dispuestos a participar en el proceso de identificación genética.
Los nombres de esos diez hombres son Juan Bta. Ibáñez Santamaría, del Cabanyal; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort, de Jávea, y Vicente Fornés Ribes, de Pedreguer. Todos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941, durante los primeros y más duros años de la posguerra.
El soldado que murió a los 19 años y sigue sin pueblo
La undécima víctima tiene nombre y apellidos: Alfredo Lloret Soler. Tenía 19 años cuando murió el 19 de agosto de 1938, a causa de una infección contraída mientras combatía en el 3.º Batallón Mixto, sección de Transmisiones, en el frente de Levante. Sus restos fueron inhumados junto a los de otros 18 soldados en el cementerio de Sant Pere de Ribes, en la provincia de Barcelona, donde había funcionado el Hospital de Carabineros de Mas Solers. Sus compañeros de sepultura murieron en fechas que coinciden con las batallas del Ebro y el Segre, dos de los episodios más cruentos del conflicto.
El problema con Alfredo Lloret es que nadie sabe de dónde era exactamente. Los impulsores de la iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes y la asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante, solo saben que era valenciano. Sin pueblo de origen, localizar a su familia se convierte en una tarea aún más difícil. Todo comenzó con aquel grafiti que vio Irene Estévez, la arqueóloga que decidió preguntar a los historiadores locales hasta descubrir que en el archivo municipal se conservaban las actas de defunción de los 19 soldados.
Sin ADN no hay identificación posible
La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, responsable del área de Memoria Democrática, ha atendido la petición de ayuda tanto de la asociación Per la Nova República como del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes para dar difusión pública a estos casos. El mensaje es claro y directo:
"Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique" - Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València y responsable de Memoria Democrática
Enguix ha subrayado que la institución destina más de un millón de euros anuales a memoria histórica y que su compromiso con los familiares de las víctimas es firme. Pero también ha querido ampliar el marco: la memoria, ha dicho, no se agota en las exhumaciones.
"La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos" - Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València y responsable de Memoria Democrática
Es precisamente esa dimensión colectiva la que convierte este llamamiento en algo más que una gestión burocrática. Detrás de cada nombre en una lista hay una familia que, durante décadas, quizás guardó silencio por miedo, por vergüenza impuesta o simplemente porque no sabía qué había pasado con su padre, su abuelo, su tío. Los campos de concentración, los consejos de guerra, las ejecuciones y las represalias fueron algunas de las formas principales de represión del franquismo, antes y después del final de la guerra. Ese pasado sigue vivo en forma de huesos sin nombre. Y ahora, gracias a un grafiti, a una arqueóloga curiosa y a una institución dispuesta a dar la cara, once de esos hombres tienen al menos la oportunidad de volver a casa.