Por primera vez en la historia de la política de cohesión europea, las reivindicaciones de las diputaciones y gobiernos intermedios del continente no se han quedado en una declaración de intenciones. La red Partenalia, presidida por la Diputació de València, ha logrado introducir sus propuestas en forma de enmiendas legislativas formales dentro del proceso de negociación del nuevo Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el Parlamento Europeo. Un movimiento que, aunque técnico en apariencia, tiene un impacto muy concreto: decidir quién gestiona y cómo se reparte el dinero europeo que financia infraestructuras, empleo y desarrollo territorial en cientos de municipios.
De la declaración política a la enmienda legislativa
El camino hasta aquí comenzó en Bruselas, el pasado mes de junio, con la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión. De ese encuentro nació la llamada Declaración de Beillard, un acuerdo firmado por cerca de una veintena de gobiernos intermedios de España, Italia, Francia, Alemania y Polonia, entre otros países. El documento reclamaba algo que puede parecer obvio pero que rara vez se traduce en hechos: que las diputaciones y entidades equivalentes tengan mayor participación y reconocimiento en la gestión de los fondos europeos de cohesión. La Diputació de València, en su condición de presidenta de Partenalia, lideró esa declaración conjunta.
Lo relevante no fue solo firmar el documento, sino lo que vino después. Partenalia consiguió que esas posiciones políticas se convirtieran en enmiendas concretas al Reglamento FEDER, presentadas formalmente a través de Marcos Ros, ponente de dicho reglamento en el Parlamento Europeo. En el mundo legislativo comunitario, ese paso marca una diferencia crucial: pasar de ser un actor que "pide" a convertirse en uno que "propone" dentro del propio proceso normativo.
"Por primera vez, las reivindicaciones políticas de nuestra red relativas al papel de las autoridades intermedias en la futura Política de Cohesión se han traducido en enmiendas legislativas concretas, formalmente introducidas en el proceso de negociación del Parlamento Europeo." - Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos de la Diputació de València
Qué es Partenalia y por qué importa su presidencia
Partenalia es la red europea que representa los intereses de los llamados gobiernos intermedios de la Unión Europea: esas instituciones que están entre los grandes gobiernos regionales y los pequeños ayuntamientos. En España, el equivalente más claro son las diputaciones provinciales. La Diputació de València ejerce por primera vez la presidencia de esta entidad, con el diputado Juan Ramón Adsuara como presidente de la red. No es un cargo simbólico: la red aspira a consolidarse como interlocutor ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones en un momento clave, marcado por la definición del nuevo período de programación europea 2028-2035.
El contexto no podría ser más propicio para esta maniobra. Solo en el período 2021-2027, España cuenta con una asignación total de ayuda FEDER de 23.397 millones de euros. El debate sobre cómo se repartirán estos fondos en el próximo ciclo no es, por tanto, una cuestión abstracta: afecta directamente a la capacidad de los territorios para financiar proyectos de desarrollo, infraestructura y empleo. Que las diputaciones tengan voz en esa negociación —o que no la tengan— cambia de forma sustancial quién decide qué se hace con ese dinero en los municipios más pequeños.
"Este hito es un ejemplo concreto de cómo la movilización colectiva de los miembros de Partenalia, combinada con el diálogo directo con los responsables políticos europeos, puede transformar las prioridades políticas de nuestra red en iniciativas legislativas concretas." - Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos de la Diputació de València
Lo más difícil está por llegar
Que las enmiendas hayan sido presentadas no significa que estén aprobadas. La batalla real comienza ahora. El proceso legislativo del Reglamento FEDER pasa por dos etapas decisivas: primero, la votación en la Comisión REGI del Parlamento Europeo —la comisión especializada en política regional—, donde se fijará la posición inicial de la cámara; y después, el voto en el Pleno del Parlamento Europeo, que determinará la postura definitiva de la institución en la negociación con el Consejo de la UE.
En este sentido, la presidencia de Partenalia tiene por delante un intenso trabajo de lobbying institucional: recabar apoyos entre los eurodiputados, especialmente aquellos que integran la Comisión REGI, para lograr que una mayoría amplia respalde las enmiendas cuando llegue el momento del voto. No es tarea sencilla. El Parlamento Europeo es un ecosistema político complejo, con grupos de distintas sensibilidades y múltiples intereses territoriales en juego.
Adsuara ha sido claro al respecto: queda un importante trabajo político por delante para que las enmiendas sean finalmente adoptadas. Sin embargo, el mero hecho de haber llegado hasta aquí ya representa algo inédito. Durante décadas, las diputaciones y sus equivalentes europeos han sido actores secundarios en los grandes debates sobre política de cohesión, instituciones que ejecutaban decisiones tomadas en otros niveles. Que sus propuestas figuren ahora en un texto legislativo formal del Parlamento Europeo es, en sí mismo, una señal de que el mapa del poder institucional en Europa puede estar cambiando. Lentamente, pero cambiando.