Trabajar para la administración pública en la Valencia de la posguerra no era garantía de nada. Si un funcionario había servido a la República —o simplemente no podía demostrar su adhesión entusiasta al nuevo régimen—, su puesto de trabajo, y a veces algo más, estaba en riesgo. Un estudio histórico encargado por la Diputación de Valencia revela ahora, con nombres y expedientes, el alcance de una maquinaria represiva que afectó a más de la mitad de los 542 trabajadores de la institución provincial que estaban activos antes o durante la Guerra Civil.
El peso de los números: 191 destituidos por motivos ideológicos
La investigación, firmada por la historiadora chilena Mirla Narváez, doctoranda en Historia Contemporánea en la Universitat de València, ha analizado 664 expedientes de funcionarios de la Diputación en el período 1939-1960. Los datos son contundentes: de los 542 trabajadores con expediente en el Archivo Provincial, 191 fueron destituidos por razones ideológicas y 87 fueron readmitidos pero con sanciones asociadas —desde suspensiones temporales hasta traslados forzosos o la imposibilidad de ascender en el escalafón—. A ello se suman un cese sin sanción y 32 sobreseimientos vinculados a jubilaciones o fallecimientos durante el propio proceso de investigación. En total, 224 personas perdieron su puesto de trabajo.
La depuración franquista del funcionariado no fue un fenómeno exclusivo de Valencia. El proceso arrancó formalmente con la Ley del 10 de febrero de 1939, antes incluso de que terminara la Guerra Civil, y establecía las normas para castigar a quienes no fueran adictos al Movimiento Nacional. Se trató de una limpieza ideológica en el funcionariado público mediante la cual se privaba de sus puestos a todo aquel cuya ideología política fuera contraria al Nuevo Régimen. Lo que el caso valenciano aporta es la escala y la precisión documental: expediente a expediente, nombre a nombre.
Un proceso diseñado para durar, no para resolver
Narváez insiste en un matiz que cambia la lectura habitual de este fenómeno histórico: la depuración no fue un episodio puntual que ocurriera una vez terminada la guerra y se cerrara con el tiempo. Fue una herramienta de control continuo.
"La depuración no se produce en un momento específico, y el carácter represivo es una constante durante la consolidación de la administración franquista, un mecanismo habitual para asegurar la uniformidad política e ideológica" - Mirla Narváez, investigadora e historiadora
En la dictadura franquista, la depuración fue un elemento decisivo de control con el fin de separar y destituir a las personas "desafectas" en las administraciones locales. Los procesos se iniciaron durante la propia Guerra Civil y continuaron al finalizar el conflicto, respaldados por un conjunto de decretos y leyes que juzgaban el grado de colaboración de los funcionarios con el régimen. En la Diputación de Valencia, según concluye Narváez, ese entramado jurídico "era un camino hecho desde el inicio de la guerra", construido expresamente para dar apariencia legal a lo que en realidad era una purga política.
Además de los 542 expedientes del personal en activo durante la contienda, el estudio analiza otros 122 correspondientes a empleados de nuevo ingreso tras la guerra. El dato habla por sí solo: 112 de ellos tuvieron que acreditar una "indudable afección a las nuevas autoridades" para poder acceder a su puesto. Solo cuatro fueron rechazados por no demostrarla.
Las mujeres, investigadas por ser mujeres
La perspectiva de género es una de las aportaciones más llamativas del estudio, y también una de las más reveladoras sobre cómo operaba el régimen. De los 542 funcionarios analizados, 527 eran hombres y apenas 15 eran mujeres. Una proporción que, lejos de sorprender, refleja el lugar que el franquismo reservaba a las mujeres en el espacio público.
Pero lo que más llama la atención no es cuántas había, sino cómo eran investigadas. Mientras a los hombres se les juzgaba por su conducta política y su perfil ideológico, a las mujeres se les interrogaba por cuestiones de orden moral y doméstico: si estaban casadas por la Iglesia, si se comportaban como "mujeres del hogar" o qué tipo de relación mantenían con sus compañeros de trabajo.
"De ellas interesaba el aspecto social y moral; de ellos, la conducta política y el carácter ideológico" - Mirla Narváez, investigadora e historiadora
La investigadora añade un dato histórico que contextualiza la escasez de mujeres en los expedientes: hasta 1929, las trabajadoras de la Diputación eran fundamentalmente monjas vinculadas a instituciones de beneficencia y no figuraban en las plantillas formales. Solo a partir de ese año comenzaron a incorporarse mujeres laicas a la nómina de la institución, aunque en número muy reducido.
Memoria Democrática como proyecto institucional
El estudio ha sido promovido por la delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, que coordina la vicepresidenta primera Natàlia Enguix. Para ella, el trabajo de Narváez no es solo un ejercicio académico: es una pieza dentro de un proyecto institucional más amplio de verdad, justicia y reparación.
"El trabajo de Mirla es un paso más en las políticas de verdad, justicia y reparación, y un reconocimiento a los empleados públicos que tuvieron que afrontar el proceso de depuración del régimen franquista" - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia
Enguix también subraya que este estudio pasa a integrarse en el centro de documentación de Memoria Democrática que la Diputación está construyendo, una apuesta por convertir el conocimiento histórico en política pública. Porque detrás de cada uno de los 664 expedientes analizados hay una persona que un día fue a trabajar a una institución pública y tuvo que demostrar, a veces ante un juez instructor, que merecía seguir haciéndolo. Eso, en sí mismo, ya dice mucho sobre la naturaleza del régimen que lo exigía.