Capturar un gato callejero, identificar un perro perdido o habilitar una zona de esparcimiento canino puede parecer algo sencillo. Pero para cientos de pequeños ayuntamientos españoles, hacerlo conforme a la ley implica disponer de recursos humanos, materiales y presupuesto que, en muchos casos, sencillamente no existen. La Diputació de València acaba de dar un paso concreto para aliviar esa brecha: ha aprobado la concesión de ayudas por valor de 748.736 euros destinadas al bienestar animal en 180 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.
Una deuda pendiente con la normativa
Desde septiembre de 2023, está en vigor en España la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales , una norma que, por primera vez, se aprueba a nivel nacional para la protección, bienestar y derechos de los animales . Su impacto en los ayuntamientos es directo e ineludible: las administraciones locales juegan un papel fundamental en la aplicación y desarrollo de esta ley, con una serie de obligaciones y preceptos de aplicación directa. Entre ellas, corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal, para lo que deberán contar con un servicio de urgencia disponible las 24 horas del día.
El problema, sin embargo, es que cumplir con todo ello tiene un coste. El papel que las Diputaciones pueden jugar al respecto resulta clave, sobre todo en relación con los pequeños ayuntamientos. Y es precisamente ahí donde entra la convocatoria aprobada por la institución provincial valenciana.
Qué pueden comprar los municipios con estas ayudas
La convocatoria cubre un amplio abanico de necesidades. Incluye la gestión de colonias felinas — la ley obliga a los ayuntamientos a censarlos, identificarlos, esterilizarlos y controlar su salud — y también la identificación de animales, la atención y control de perros y otras mascotas, y la provisión de zonas lúdicas para el esparcimiento animal. Además, contempla la captura y custodia de animales extraviados, así como la gestión y seguimiento de adopciones.
En términos prácticos, los ayuntamientos podrán financiar con estos fondos la compra de lectores de microchip, collares, redes, transportines y bozales, así como equipamiento para espacios públicos y los servicios asociados a su instalación. Herramientas cotidianas, muchas veces invisibles para el ciudadano, pero imprescindibles para que un agente municipal pueda actuar con garantías cuando aparece un animal abandonado en la calle o es necesario intervenir en una colonia felina.
El dinero llega en dos tramos
La mecánica de pago está pensada para dar seguridad a los municipios beneficiarios: la Diputació abonará el 85% de la ayuda tras la resolución de concesión y el 15% restante una vez aprobada la justificación del gasto. Un sistema que permite a los consistorios comenzar a actuar sin esperar a haber agotado el trámite burocrático completo.
No es la primera vez que la institución provincial acomete una iniciativa de este tipo. El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha recordado el precedente inmediato:
"El año pasado ya se concedió un millón de euros, junto a la Generalitat, y este año continuamos contribuyendo al cumplimiento de la normativa y, en definitiva, al bienestar de los animales." - Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente de la Diputació de València
Mascarell también ha subrayado el fondo del problema que estas ayudas intentan resolver:
"La Diputació está al lado de los ayuntamientos, que tienen obligación de cumplir ciertos requisitos de control, identificación y gestión responsable de los animales, pero no tienen recursos suficientes para hacerlo por sí solos." - Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente de la Diputació de València
Una obligación que llega a todos los rincones de la provincia
El alcance de esta convocatoria no es menor: 180 municipios. La mayoría de los pueblos de la provincia de Valencia tienen menos de 20.000 habitantes, lo que convierte a esta ayuda en una medida de impacto generalizado, no en un gesto simbólico orientado a las grandes ciudades. Los municipios deben asumir una serie de obligaciones en esta materia que pueden generar no pocos problemas en su implantación. Tener un lector de microchip disponible o una red de captura adecuada puede parecer un detalle menor, pero marca la diferencia entre un municipio que cumple la ley y uno que no.
En un contexto en el que en España están registrados más de 13 millones de mascotas en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía , la presión sobre los servicios locales no hace más que crecer. Iniciativas como la de la Diputació de València demuestran que la responsabilidad sobre los animales no termina en el propietario individual: es también, y de manera muy concreta, una cuestión de política pública local.