El agua que llega al grifo parece algo tan cotidiano que pocas veces uno se detiene a pensar en todo lo que hay detrás: captación, tratamiento, distribución, depuración... y, claro, financiación. El Ayuntamiento de Sagunto acaba de dar un paso relevante en esa dirección. El pleno municipal ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza local que regula los servicios de agua y alcantarillado, incluyendo dos nuevas tarifas que afectarán a distintos perfiles de usuarios del municipio valenciano.
Una votación con pocos apoyos
El acuerdo no salió adelante con un amplio respaldo político. Solo el PSOE votó a favor, mientras que EU – Unides Podem se abstuvo y los grupos del PP, IP, Vox y Compromís per Sagunt votaron en contra. Una mayoría de la oposición cerrada frente a una medida que, sin embargo, quedó aprobada. A partir de ahora, el acuerdo deberá exponerse al público durante treinta días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor difusión provincial.
El problema del agua de los pozos privados
La primera de las dos nuevas tarifas apunta a un problema de salud pública que quizás muchos vecinos desconocen. En Sagunto existen núcleos que no están conectados a la red municipal de agua potable y se abastecen de pozos privados. El inconveniente es que informes de calidad del agua emitidos por el Departamento de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana han declarado ese agua como no apta para el consumo humano.
Ante esa situación, el consistorio tiene una obligación legal ineludible: garantizar el suministro de agua potable en condiciones de salubridad a todos sus ciudadanos, tal y como establece el Reglamento de Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero). La nueva tarifa de alta para autoabastecidos nace precisamente para hacer posible que esas zonas puedan conectarse —y financiar esa conexión— a la red municipal cuando el agua de sus pozos no reúna las condiciones mínimas de seguridad sanitaria. No es un lujo, es una exigencia normativa.
Renovar lo que ya no aguanta más
La segunda tarifa tiene un alcance diferente y un precedente claro. Algo parecido ya existió en Sagunto: un acuerdo plenario del 27 de diciembre de 2011 implantó una tarifa de inversiones con una vigencia de diez años que, según el propio consistorio, arrojó resultados satisfactorios en materia de obras e infraestructuras. Ahora se recupera esa figura para afrontar una nueva etapa.
El Ayuntamiento presta el servicio del ciclo integral del agua a través de una concesión a la empresa mixta Aigües de Sagunt desde 2009, una entidad participada por el propio consistorio que gestiona desde el suministro y el abastecimiento domiciliario hasta el alcantarillado y la depuración de aguas residuales. La nueva tarifa de inversiones pretende financiar cuatro grandes líneas de actuación: reforzar la robustez y resiliencia del sistema de abastecimiento; impulsar fuentes alternativas de suministro para usos como el riego o los baldeos; mejorar el saneamiento en zonas con alto riesgo de inundación; y renovar infraestructuras obsoletas o con fallos estructurales.
¿Cuánto pagará cada usuario?
Las tarifas se estructuran en función del diámetro del contador y el caudal máximo. El importe mensual por contador varía según el calibre de la instalación:
- Hasta 15 mm y caudal hasta 2,5 m³/h: 3,955 € por contador y mes
- 20 mm y 4 m³/h: 4,792 € por contador y mes
- 25 mm y 6,3 m³/h: 6,075 € por contador y mes
- Más de 30 mm y más de 6,3 m³/h: 7,833 € por contador y mes
En términos prácticos, la inmensa mayoría de los hogares domésticos tiene contadores de pequeño calibre, por lo que se situarían en el tramo más bajo. Los importes más elevados corresponderían a grandes consumidores o instalaciones industriales y comerciales de mayor tamaño.
Un sector en transformación permanente
Más allá de los números, la aprobación de estas tarifas refleja un debate de fondo que afecta a municipios de toda España: cómo financiar de forma sostenible unas infraestructuras hidráulicas que llevan décadas funcionando y que, en muchos casos, han alcanzado el límite de su vida útil. El ciclo integral del agua —desde que se capta hasta que se depura y devuelve al medio natural sin impacto ambiental— requiere inversiones constantes que no siempre encuentran acomodo en los presupuestos municipales ordinarios. La tarifa de inversiones es, en ese sentido, una apuesta por anticiparse al deterioro en lugar de esperar a que la avería llegue. Que la medida haya prosperado con el apoyo de un único grupo político dice tanto del modelo elegido como del difícil consenso que suelen generar las subidas en la factura del agua, por justificadas que puedan estar.