El Ayuntamiento de Sagunto ha tomado una decisión tan inusual como reveladora: pagar de sus propias arcas municipales casi medio millón de euros para trasladar un consultorio médico que, por ley de responsabilidades y por acuerdo firmado, debería haber costeado la Generalitat Valenciana. El importe exacto asciende a 461.713,95 euros. Una cifra que, en cualquier otra circunstancia, no habría salido del presupuesto local.
Un problema que lleva lustros enquistado
La historia de este consultorio médico auxiliar del barrio de El Raval no es nueva. La situación se arrastra desde 2021, cuando se detectaron problemas estructurales en el actual emplazamiento, en la plaza Blasco Ibáñez del núcleo histórico. Es decir, el edificio que hoy sigue en pie —y en uso— lleva cinco años con deficiencias estructurales conocidas. Cinco años en los que médicos y pacientes han tenido que convivir con esa realidad.
En ese momento se alcanzó un acuerdo entre ambas administraciones: el Ayuntamiento asumiría el alquiler del nuevo local y la Conselleria de Sanidad se haría cargo de los costes de adecuación. Un reparto de responsabilidades que parecía razonable. El problema es que solo una de las dos partes ha cumplido.
La intervención consiste en las obras de adecuación del nuevo local que el Consistorio tiene arrendado en la plaza Antigua Morería para poder trasladar allí la actividad del centro médico. El proyecto tiene un plazo de ejecución de cinco meses y su redacción también ha sido sufragada por el ente municipal. Hasta el proyecto técnico ha tenido que pagarlo el Ayuntamiento. Un detalle que habla por sí solo del nivel de abandono institucional al que ha llegado el asunto.
Subvenciones denegadas y presupuestos que no llegaron
El municipio no tiró la toalla de inmediato. Antes de asumir el coste en solitario, agotó todas las vías formales que la propia Conselleria de Sanidad le indicó. El último intento fue a través de la solicitud de subvenciones autonómicas destinadas a actuaciones de intervención arquitectónica en consultorios auxiliares, siguiendo las instrucciones de la propia Conselleria como vía para obtener los fondos. Sin embargo, la ayuda fue denegada. La misma administración que señaló el camino cerró la puerta al final del trayecto.
A esto se suma la negativa a incluir una partida presupuestaria nominativa en las cuentas de la Generalitat para 2026 para realizar este traslado, tal y como tienen otros municipios con presupuesto consignado para nuevos consultorios auxiliares. Ahí es donde la situación adquiere una dimensión de inequidad difícil de ignorar.
"No entendemos por qué otros municipios, como Valencia, Denia, Sant Jordi o Calig, reciben dinero para actuaciones como esta y nosotros tengamos que llevarla adelante sin el apoyo de la Generalitat. No queremos más que nadie, pero tampoco menos" - Darío Moreno, alcalde de Sagunto
La paciencia tiene un límite —y un precio
Hay algo llamativo en esta decisión municipal: no es la resignación de quien se rinde, sino la determinación de quien se niega a que sus vecinos paguen con su salud los plazos de una burocracia autonómica. Ni la ciudadanía ni los profesionales sanitarios del consultorio de El Raval podían esperar más, según el alcalde, que lleva años reclamando a la Generalitat que asuma su responsabilidad y ponga el dinero sobre la mesa, sin ver ningún avance a pesar de la urgencia de la situación.
"La ciudadanía no puede entender que una intervención que afecta a un elemento tan importante de la vida de las personas, como es la salud, lleve años bloqueada" - Darío Moreno, alcalde de Sagunto
Y tiene razón en algo fundamental: los consultorios médicos de barrio no son infraestructura menor. Son el primer escalón del sistema sanitario, el lugar al que acuden las personas mayores, las familias con niños, quienes no pueden desplazarse al centro de salud principal. Cuando ese espacio falla —estructuralmente, funcionalmente— las consecuencias las absorben, en silencio, los vecinos.
El Ayuntamiento de Sagunto ha optado por no esperar más. Casi medio millón de euros del erario municipal irán a financiar una obra que, en justicia, no le correspondía. La pregunta que queda en el aire —y que los vecinos de El Raval tienen todo el derecho a hacerse— es si la Generalitat Valenciana terminará devolviendo ese dinero, o si este episodio quedará como otro ejemplo de cómo las administraciones locales acaban cargando con el coste político y económico de la inacción autonómica.