El Ayuntamiento de Sagunto se sumó esta semana al clamor institucional que recorre España desde que, en la noche del 30 al 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron irregularmente hacia Ceuta en lo que el propio Ministerio del Interior acabó cifrando en unas 72.000 entradas acumuladas en los últimos días de julio, convirtiéndose en el mayor incidente registrado en la frontera hispano-marroquí. El pleno ordinario de septiembre aprobó una moción que exige al Gobierno de España "una actuación inmediata, efectiva y contundente" para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.
Una moción que unió a PP, PSOE y Vox... pero no a todos
La proposición, presentada de forma conjunta por PP y Vox y defendida por el concejal Ximo Catalán, incorporó una enmienda del PSOE y salió adelante con los votos favorables de socialistas, populares, Iniciativa Porteña y Vox. Solo Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem votaron en contra. No es un detalle menor: que formaciones tan alejadas ideológicamente como el PSOE y Vox coincidan en apoyar un mismo texto dice mucho de la temperatura política que ha generado la crisis en Ceuta.
El texto aprobado arranca desde la solidaridad con los ceutíes y hace especial reconocimiento a su "esfuerzo, resiliencia y templanza" para afrontar una situación que, según recoge la propia moción, ha generado un profundo "sentimiento de soledad e indefensión" en la población. La crisis se desarrolla desde finales de julio de 2026, marcada por la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos hacia la ciudad autónoma. La mayor parte de los cruces se produjeron a nado, bordeando los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú.
72.000 entradas y una ciudad desbordada
Entre las 23:00 horas del 30 de julio y las primeras horas del 31, decenas de miles intentaron acceder a la ciudad autónoma a través de múltiples vías: la mayoría a nado, bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú; otras por la frontera terrestre o en pequeñas embarcaciones. El Ministerio del Interior español estimó alrededor de 50.000 entradas durante la noche; el 4 de agosto revisó esa cifra al alza, situándola en 72.000 entradas acumuladas en los últimos días de julio. Para hacerse una idea de la magnitud: Ceuta tiene una población de poco más de 80.000 habitantes. La presión fue, en términos prácticos, casi equivalente a duplicar la ciudad de un día para otro.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, calificó la situación de "absoluta emergencia humanitaria y social" y solicitó al Gobierno central "auxilio ante una situación verdaderamente preocupante, crítica, grave". Entre sus peticiones, el mandatario reclamó que se declarara la "emergencia nacional" y que fuera el Gobierno central el que tomara el "mando único" para garantizar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata".
La moción del Ayuntamiento de Sagunto se hace eco de esta preocupación y advierte de que las consecuencias no se limitan a Ceuta: la frontera ceutí es también frontera exterior de la Unión Europea, y su protección "trasciende a la propia Ciudad Autónoma y concierne al conjunto de España".
Seis medidas concretas sobre la mesa
Más allá de la declaración de intenciones, el texto aprobado en Sagunto concreta seis exigencias al Ejecutivo central:
- Retornar a su lugar de origen, conforme a la ley, a quienes participaron en la entrada masiva y continúen irregularmente en Ceuta.
- Reforzar suficientemente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas a la protección de Ceuta y su frontera.
- Adoptar las medidas necesarias para blindar la inviolabilidad de la frontera española y evitar que se repitan episodios similares.
- Garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y proporcionar a las administraciones los medios para afrontar las consecuencias de la crisis.
- Adoptar medidas para paliar los perjuicios sobre el tejido productivo, los trabajadores, los autónomos y las empresas de Ceuta.
- Atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes que permanecen en la ciudad, garantizando su seguridad, bienestar y derechos.
Este último punto merece atención. La moción no obvia a las personas migrantes, sino que las incluye explícitamente como parte indispensable de la solución. Una respuesta institucional basada en el Estado de derecho, sostiene el texto, "debe contemplar la totalidad de las personas afectadas por esta situación", incluidas quienes accedieron a Ceuta durante la crisis.
El Gobierno ya ha movido ficha
El Ejecutivo central aprobó el 1 de septiembre el Real Decreto-ley 22/2026 con medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a Ceuta, orientado a garantizar el refuerzo de los servicios públicos y la atención a las personas migrantes menores de edad. Sin embargo, para los impulsores de la moción, esas medidas no son suficientes. El Ayuntamiento de Sagunto reclama, además, una coordinación "permanente y eficaz" entre el Gobierno central y las instituciones de la Ciudad Autónoma, así como una mayor implicación de la Unión Europea.
El pleno también mostró su apoyo a las concentraciones celebradas el 2 de septiembre en numerosos municipios de toda España para expresar solidaridad con Ceuta y reclamar el retorno a la normalidad. La moción insta, asimismo, a articular mecanismos de apoyo extraordinario para compensar los efectos económicos, sociales y sobre los servicios públicos, especialmente en los sectores y colectivos más directamente golpeados por la crisis.
Lo ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio no tiene precedentes en la historia reciente de la frontera sur europea. La crisis de 2021, cuando unas 6.000 personas cruzaron a la ciudad autónoma, fue considerada entonces una emergencia sin precedentes. Lo de este verano la supera con creces y obliga a buscar respuestas que vayan más allá de lo inmediato. Sagunto, con su moción, refleja el estado de ánimo de muchos consistorios españoles: la sensación de que una ciudad de 80.000 habitantes no puede cargar sola con el peso de una frontera que es, al mismo tiempo, el límite sur de toda Europa.