El Ayuntamiento de Ontinyent resolverá el contrato con la empresa Quatre Fulles SL sobre la gestión de las actividades en los centros cívicos municipales si esta no cubre antes del martes las bajas de los monitores y monitoras de los centros cívicos. Así lo ha anunciado la concejala de Política para las Personas, Paula Soler, quien ha explicado que "esta resolución, avalada por los servicios jurídicos municipales, no se podía realizar legalmente por los impagos al personal, puesto que al haber pagado en diciembre la empresa parte de sus deudas acumuladas, la situación no reunía los requisitos para justificar una rescisión unilateral, según la ley de contratos".
Soler lamentaba "los problemas generados a las personas usuarias. Si alguien quiere saltarse la ley para resolver este conflicto, que lo diga, porque nosotros no vamos a hacerlo". La edil ha recordado que la Generalitat Valenciana también está teniendo problemas con esta empresa, que a estas alturas tiene ilocalitzable a su administradora única, "cosa que complica todavía más las cosas". La concejala explicaba que "desde finales del año pasado hemos estado intentando subrogar el servicio a otras empresas, pero las deudas de Quatre Fulles hicieron que se echaran atrás. Ahora, después de que la empresa no haya cubierto las bajas de hasta tres monitores y monitoras, sí que podemos actuar". Hay que recordar que la rescisión unilateral de contrato por los impagos solo puede ser a instancia de los trabajadores y trabajadoras, nunca por el Ayuntamiento, cosa que no ha ocurrido.
"Es decepcionante que un dirigente político que además hace funciones de asesor tenga un desconocimiento tan grande de como funciona la administración local, y desconozca que la ley de contratos establece una serie de requisitos para resolver este tipo de contrataciones. Porque si lo conoce, está haciendo un ejercicio de demagogia inaceptable".
El Ayuntamiento hizo un requerimiento a la empresa que daba a Quatre Fulles un plazo para actuar que finaliza lunes, fecha a partir de la cual se podrá resolver legalmente el contrato e iniciar el proceso de licitación para contratar una nueva empresa. Con todo, Paula Soler advierte que "si la empresa reclama y está en contra de la resolución, el asunto iría al Consell Jurídic Consultiu, el que alargaría los trámites. El camino que tiene que seguir el Ayuntamiento no puede ser otro que el de la ley y el de respetar los plazos que esta establece. Hay quién parece que quiera crear más líos en una situación que ya de por sí es muy compleja, pero tiene que quedar claro que estamos haciendo aquello que podemos hacer cumpliendo la ley. Lamentamos que la situación afecto las personas usuarias, y trataremos que tengan actividades y alternativas a su alcance tan pronto como se pueda", concluía.