El Ayuntamiento de Torrent dará un paso sin precedentes en su política fiscal: proponer al Pleno una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 0,40%, el mínimo que permite la legislación española. El tipo de gravamen urbano pasará del actual 0,49% al suelo legal, una reducción del 18,37% que la alcaldesa Amparo Folgado presenta como respuesta directa a la nueva tasa de residuos que el Gobierno de España ha impuesto con carácter obligatorio a todos los municipios del país.
No es una rebaja menor ni cosmética. En términos acumulados, desde el inicio del mandato el IBI habrá caído un 25,2%, pasando del 0,5346% con el que arrancó la legislatura hasta ese 0,40% que ahora se propone. Para entenderlo en términos domésticos: por cada 100.000 euros de base liquidable, la cuota pasaría de 490 a 400 euros. Noventa euros menos al año que, multiplicados por miles de familias, dibujan un alivio fiscal de calado.
Tres bajadas en un mandato: la historia paso a paso
La trayectoria del IBI en Torrent durante esta legislatura es la de una rebaja sostenida y progresiva. La primera reducción, aplicada en 2024, llevó el tipo del 0,5346% al 0,5246%, un descenso del 1,9%. La segunda, en 2025, lo situó en el 0,49%, con una caída adicional del 5,8%. En 2026 se mantuvo en ese nivel. Ahora, el equipo de gobierno da el salto más ambicioso: nueve centésimas de golpe, hasta tocar el límite inferior que marca la ley.
"No nos quedamos en una rebaja testimonial. Vamos hasta donde la ley nos permite llegar. Del 0,49 al 0,40. Es una decisión clara: ante más presión fiscal impuesta desde fuera, menos IBI desde el Ayuntamiento de Torrent" - Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent
La medida deberá ser aprobada en el Pleno de ordenanzas del Ayuntamiento. Si sale adelante, Torrent se convertirá en uno de los pocos municipios de su tamaño en aplicar el tipo mínimo legal del IBI urbano.
La tasa de basura que lo desencadenó todo
El detonante de esta decisión hay que buscarlo en Madrid. La entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introdujo la implantación obligatoria para todos los municipios de una nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. Esta adaptación debía realizarse a través de la imposición de una nueva tasa de basuras que sufragara la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con el principio de "quien contamina paga".
La ley incluye expresamente, por primera vez, la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación. En la práctica, esto supone un nuevo concepto en el recibo fiscal de los ciudadanos, independientemente de si el ayuntamiento ya gestionaba antes el servicio de recogida a través de otros instrumentos tributarios.
La medida no ha estado exenta de polémica a nivel nacional. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), señala que la ley fue aprobada "desoyendo al mundo local", y que su desarrollo no tuvo en cuenta la diversidad de modelos de gestión de residuos existentes en los distintos territorios. Desde la FEMP también advierten de que "va a suponer un incremento del coste para el ciudadano, incluso en aquellos ayuntamientos en los que ya existe una tasa de basura".
Una respuesta política con nombre propio
Folgado no ha escondido la carga política de la propuesta. La alcaldesa la enmarca en una lógica de compensación: si el Gobierno central impone un nuevo tributo que los vecinos van a notar en su bolsillo, el Ayuntamiento actúa sobre el único impuesto local en el que tiene margen real de maniobra.
"Nos obligan a cobrar una nueva tasa de basura y nosotros respondemos bajando el IBI hasta el mínimo. No podemos eliminar una obligación establecida por una ley estatal, pero sí podemos decidir qué hacemos con los impuestos que dependen de este Ayuntamiento. Y nuestra decisión es bajarlos" - Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent
La propuesta también tiene una lectura de mandato: el gobierno municipal viene repitiendo desde 2023 que su política fiscal no consistiría en exigir más esfuerzo a las familias. Las tres bajadas del IBI son, en ese sentido, la prueba que ofrecen a los vecinos para que juzguen si esa promesa se ha cumplido. Y con este tercer recorte —el mayor de los tres— el argumento llega hasta su límite lógico: literalmente, no se puede bajar más. La ley no lo permite.
Queda por ver si el Pleno respalda la medida y, sobre todo, si el efecto neto para las familias torrentinas —IBI más bajo, tasa de residuos más alta— resulta finalmente en una presión fiscal inferior o si ambas fuerzas se anulan. Ese será el verdadero examen de la apuesta municipal.