Sagunto tiene un problema que se puede medir con precisión: le faltan entre 330 y 380 plazas residenciales para atender dignamente a su población mayor. Y, sin embargo, hasta ahora nadie había trasladado ese déficit a una exigencia formal ante la Generalitat Valenciana. Eso cambió esta semana. El pleno municipal de octubre aprobó por unanimidad instar a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a promover, invertir y ejecutar con carácter urgente nuevas residencias públicas para personas mayores en el municipio.
Un municipio de 68.000 habitantes con menos de la mitad de las plazas que necesita
La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Aplicar esa ratio a Sagunto arroja un resultado contundente: el municipio, con cerca de 68.000 habitantes, tiene alrededor de un 20% de su población por encima de esa franja de edad, lo que implica una necesidad estimada de unas 680 plazas. La realidad es bien distinta. Entre la zona urbana de Sagunto y Puerto de Sagunto, la oferta total —sumando el centro público, los concertados y los privados— ronda apenas las 300 o 350 plazas. La brecha es evidente.
Lo que ocurre en Sagunto no es una anomalía local, sino el reflejo de un problema estructural que afecta a toda la Comunitat Valenciana. La región se sitúa, junto con Andalucía, como una de las que más plazas residenciales para personas mayores necesitan, con un déficit que alcanza las 26.929 plazas. Entre 2021 y 2025, el número total de plazas residenciales aumentó en 23.075, una cifra muy inferior al crecimiento de la población mayor de 65 años, que se incrementó en más de 800.000 personas en ese mismo periodo. La oferta, en definitiva, corre siempre detrás de la demanda.
La moción, de Compromís, aprobada con el respaldo de todos los grupos
La iniciativa fue llevada al pleno por Compromís per Sagunt y defendida por su concejala, Maria Josep Soriano. Que saliera adelante por unanimidad no es un dato menor: significa que todos los grupos políticos con representación municipal comparten el diagnóstico y la urgencia. La moción no se limita a elevar una queja. Incluye compromisos concretos: el Ayuntamiento se compromete a encargar un estudio técnico que cuantifique con precisión las plazas necesarias, tanto a corto como a largo plazo, y a explorar una reserva de suelo municipal sobre la que levantar las futuras residencias públicas.
"El envejecimiento de la población se relaciona directamente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" - Maria Josep Soriano, concejala de Compromís per Sagunt en el Ayuntamiento de Sagunto
Entre esos objetivos figura erradicar la pobreza en la vejez, promover el envejecimiento saludable, integrar a los mayores en la sociedad y garantizar entornos adaptados a sus necesidades. Las residencias públicas, defiende la moción, son una infraestructura esencial para que ese marco no quede solo en papel: son el lugar donde las personas pueden "encarar el final de su vida en unas condiciones dignas, con un acompañamiento profesional, donde todas sus necesidades puedan ser cubiertas de la mejor forma posible".
El envejecimiento más el crecimiento: la presión sobre los servicios sociales se multiplica
Sagunto no es solo una ciudad que envejece. Es también una ciudad que crece. El aumento considerable de habitantes en los últimos años ha añadido presión adicional a unos servicios sociales que ya partían de una situación deficitaria. Esa doble variable —más mayores y más vecinos en términos absolutos— es la que hace que la moción aprobada hable de "reto apremiante": no se trata de anticiparse al futuro, sino de ponerse al día con el presente.
El contexto autonómico tampoco invita a la complacencia. El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que garantice a los ciudadanos información suficiente, clara y actualizada sobre sus posibilidades reales de acceder a una plaza residencial en la red pública. La institución recuerda que la Ley de Servicios Sociales Inclusivos reconoce el acceso a estos recursos como un derecho subjetivo. Un derecho que, para cientos de familias saguntinas, hoy resulta difícil de ejercer.
Lo que el pleno de Sagunto ha aprobado es, en el fondo, una pregunta trasladada formalmente a Valencia: ¿cuánto tiempo más pueden esperar quienes ya no pueden esperar? La unanimidad del voto sugiere que, al menos dentro del consistorio, nadie tiene una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Ahora le toca responder a la Generalitat.