La batalla judicial en torno a la celebración de grandes festivales de música en Valencia entra en una nueva fase decisiva. La Generalitat Valenciana, a través de la entidad gestora del complejo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), ha decidido dar un paso más para intentar mantener la actividad musical en este emblemático espacio de la capital del Turia, pese a las restricciones derivadas de una sentencia judicial relacionada con la contaminación acústica y la protección de los derechos fundamentales de los vecinos.
En un escrito presentado ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, CACSA solicita al magistrado que aclare si, aplicando una serie de nuevas medidas de control y supervisión, es posible continuar celebrando conciertos y festivales en el recinto sin vulnerar la normativa municipal sobre ruido. Se trata de un intento de última hora por compatibilizar la programación cultural ya comprometida para 2026 con el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.
El origen del conflicto se encuentra en la Sentencia nº 78/2026, dictada el pasado 24 de marzo por el Tribunal de Instancia de Valencia, que estimó parcialmente las reclamaciones vecinales sobre el impacto acústico de los eventos musicales celebrados en el entorno de CACSA. El fallo pone el foco en la vulneración del derecho al descanso de los residentes y en la insuficiencia de los mecanismos de control del ruido durante los grandes conciertos.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, avanzó que se vetarían todos aquellos eventos que no cumplieran estrictamente con la ordenanza municipal de contaminación acústica. Sin embargo, lejos de asumir una cancelación generalizada, CACSA ha optado por mantener los festivales bajo condiciones más estrictas y con un refuerzo significativo de las medidas de control.
Nuevas condiciones
El documento presentado al juzgado plantea un escenario en el que los eventos musicales podrían seguir celebrándose siempre que los promotores cumplan una batería de exigencias adicionales. Entre ellas destaca la obligación de presentar, de forma previa y en sede judicial, un plan de actuación específico para cada evento.
Este proyecto deberá detallar los medios técnicos y tecnológicos que se utilizarán para controlar el sonido, así como los procedimientos de supervisión durante la celebración de los conciertos. Además, CACSA insiste en que estos sistemas deberán garantizar de forma efectiva que no se superan los límites establecidos por la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de Valencia.
Entre las medidas que CACSA quiere reforzar se encuentra también la exigencia de una declaración responsable por parte de los promotores. En este documento, las empresas deberán certificar que cumplen con toda la normativa vigente, que disponen de la documentación necesaria y que se comprometen a mantener dicho cumplimiento durante todo el desarrollo del evento.
Se trata de una herramienta que ya estaba contemplada en contratos anteriores pero cuya eficacia ha quedado en entredicho tras la reciente sentencia, que considera que no ha sido suficiente para evitar la vulneración del derecho al descanso de los vecinos.
Desde la Generalitat se defiende que esta estrategia busca “compatibilizar la actividad cultural con el respeto a la legalidad y a los vecinos”, subrayando además que la propia sentencia reconoce el carácter de interés general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias como espacio destinado a actividades culturales, científicas y de proyección exterior.
En su escrito, CACSA no solo propone medidas, sino que solicita expresamente al juzgado que se pronuncie sobre si, con estas condiciones adicionales, es posible mantener tanto los conciertos como la actividad de la Terraza Umbracle. La entidad gestora insiste en que su objetivo es ofrecer una solución jurídica que permita mantener la programación prevista sin incurrir en ilegalidades, evitando así la suspensión de eventos ya comprometidos con promotores y festivales.
Crece la presión social y vecinal
En paralelo al proceso judicial, la tensión también se traslada al ámbito social. La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno han remitido un comunicado conjunto en el que critican la posible reubicación de macroconciertos hacia zonas como La Marina Norte y la playa.
Entre sus principales reivindicaciones se encuentra el cese del uso de solares sin urbanizar para eventos masivos, la creación de una mesa de trabajo estable entre Ayuntamiento, vecinos y sector hostelero, y la elaboración de un plan de reurbanización integral de la zona del Paseo Neptuno y su entorno.
Estas entidades denuncian que se están tomando decisiones “unilaterales” sin consenso ni planificación previa, lo que, a su juicio, puede trasladar el problema del ruido de unos barrios a otros sin resolverlo realmente. También reclaman que no se trasladen automáticamente festivales desde otras partes de la ciudad a nuevos espacios sin estudios de impacto previos, y que se busquen usos alternativos para estos terrenos mientras no se desarrollen urbanísticamente.