«Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución». El Ayuntamiento ha acogido esta mañana la lectura del Manifiesto contra la pena de muerte, un acto organizado por Amnistía Internacional, AI, en el que han participado numerosos miembros de la Corporación, presidida por el alcalde, Joan Ribó.
Todos los años, AI convoca una acción de repulsa contra la pena de muerte bajo el lema «Ciudades por la Vida / Ciudades contra la Pena de Muerte», en memoria de la primera abolición de la pena capital, que aprobó el Gran Ducado de Toscana (entonces un estado propio) el 30 de noviembre de 1786. Más de 2.000 ciudades de todo el mundo se suman cada año a esta reivindicación. En el caso de España, la pena de muerte en quedó definitivamente abolida en el año 1995, al desaparecer del código penal militar, en el que aún se mantenía para tiempos de guerra, mediante la Ley orgánica 11/95 del 27 de noviembre. La ley fue aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos representados en aquel momento en el Congreso de los Diputados y permitió completar la abolición y convertirla en absoluta.
No obstante, todavía hay numerosos países de todo el mundo que mantienen este «castigo cruel, inhumano y degradante», tal como se ha subrayado esta mañana en València, aunque la pena de muerte está «firmemente en decadencia y se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin a su uso». El alcalde, Joan Ribó, y una activista de Aministía Internacional han proclamado durante la convocatoria que «no hay justicia si no hay vida» y «frente a quienes quiere mantenerla, e incluso quieren introducirla nuevamente, es necesario mantener vivo el compromiso de civilización y humanidad, tanto a nivel de sociedad, como de instituciones y gobierno, que en los últimos años ha permitido hacer importantes avances en este camino hacia la abolición de la pena capital».
Tal como ha señalado AI, China sigue siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado. Sin contar a China, durante el año pasado el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán. Se llevaron a cabo más de 250 ejecuciones en Irán, casi 200 en Arabia Saudí, alrededor de 100 en Irak y 32 en Egipto.
No obstante, los datos son positivos en términos globales: las ejecuciones confirmadas disminuyeron un 5% en 2019, hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones repartidas en 20 países, la más baja registrada en una década. Países como Kazajistán, Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia han ido aplicando moratorias. Barbados eliminó la pena capital preceptiva de su Constitución, y ha habido medidas o declaraciones positivas que podrían propiciar en breve la abolición en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kenia, la República Centroafricana y Zimbabue.
«No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para acallar a la disidencia política», se ha señalado en el manifiesto proclamado en València. «La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia». Por ello, la ciudad de València se suma a la exigencia «a los gobiernos de todo el mundo para que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte».