La cooperación internacional no siempre viaja en avión hasta un país empobrecido. A veces ocurre en un aula de barrio, en un taller vespertino o en una campaña que hace pensar dos veces antes de comprar. Bajo esa premisa, la Junta de Gobierno Local de València ha aprobado este 12 de junio una convocatoria de subvenciones dotada con 253.244,23 euros para financiar proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global promovidos por organizaciones sociales con presencia en el municipio.
Una apuesta local por los problemas globales
Pueden optar a estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), las agencias de Naciones Unidas, sus comités nacionales y las entidades que las representen en España, siempre que cuenten con sede o delegación permanente en el término municipal de València. No es una condición menor: la ciudad quiere que el dinero público revierte en tejido asociativo cercano, con arraigo real en la comunidad.
Los proyectos financiados deberán abordar temáticas que van desde la comprensión de las causas de las desigualdades hasta la defensa de los derechos humanos, la cultura de paz, la solidaridad internacional, el comercio justo y el consumo responsable. En un contexto en el que algunas organizaciones españolas también desarrollan iniciativas de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global como acciones sociales en España , esta convocatoria encaja en una tendencia consolidada: llevar el debate global a escala local.
"València quiere ser una ciudad que forme, sensibilice y movilice a la ciudadanía para entender que los problemas globales también nos afectan localmente, y que cada persona puede contribuir a construir un mundo más justo, equitativo y sostenible" - Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno y concejal del Ayuntamiento de València
Dos modalidades para llegar más lejos
La convocatoria se articula en dos líneas diferenciadas. La principal, con una dotación de 208.000 euros, financia proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global con una duración máxima de doce meses, con un tope de 20.000 euros por proyecto. La segunda, más ágil, está pensada para acciones de sensibilización: dispone de 45.000 euros, los proyectos no pueden superar los seis meses de duración y cada uno puede recibir hasta 9.000 euros.
La distinción no es un mero trámite burocrático. Separar las acciones de largo recorrido —talleres en centros educativos, materiales didácticos, programas de formación— de las campañas de sensibilización más puntuales permite ajustar las expectativas y los resultados a cada tipo de intervención. Una cosa es transformar la mirada de un grupo de jóvenes durante un curso escolar; otra, impactar en la opinión pública con una campaña de un par de meses sobre comercio justo.
El municipio como primer escalón de la solidaridad
La idea de que la cooperación empieza en casa no es nueva, pero gana peso en un momento en que la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, reconoce el papel fundamental de las ONGD y promueve su participación en la definición de políticas y en la creación de alianzas que refuercen el espacio cívico y democrático. En ese marco legislativo, los ayuntamientos han adquirido un protagonismo creciente como financiadores de acciones que no necesitan cruzar fronteras para ser cooperación.
De hecho, las organizaciones y entidades sociales disponen cada año de un conjunto de convocatorias procedentes de la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las capitales, orientadas a proyectos de solidaridad internacional y educación para la ciudadanía global. València se suma así a una red de instituciones que entienden la sensibilización como una inversión, no como un gasto.
El concejal Juan Carlos Caballero resumió el espíritu de la medida señalando que el objetivo es "promocionar una ciudadanía crítica y comprometida con los problemas globales del desarrollo". Una ambición que, sobre el papel, vale algo más de un cuarto de millón de euros. Las entidades interesadas tendrán 20 días naturales para presentar sus solicitudes, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València. El reloj ya está en marcha.