La ciudad de Valencia ha intensificado su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales, logrando clausurar más de 1.000 en el último año y medio. Este esfuerzo, liderado por la alcaldesa María José Catalá, responde a la creciente problemática social y urbanística que generan estas viviendas no reguladas, especialmente en barrios con alta demanda turística como Ciutat Vella, Eixample y Poblats Marítims.
La combinación de inspecciones rigurosas, una moratoria en la concesión de licencias y una nueva normativa pionera sitúan a Valencia como referente en la regulación del turismo sostenible.
Inspecciones intensivas y aumento de sanciones
El éxito de esta campaña se debe al trabajo conjunto de cinco grupos de inspectores de la Concejalía de Urbanismo y siete unidades de la Policía Local, que han rastreado cada distrito de la ciudad para identificar apartamentos turísticos sin licencia. En este período, la Policía Local ha incrementado en un 738% las actas-denuncia, pasando de 84 en 2023 y 73 en 2022 a más de 700 en el último año y medio. La mayoría de estas sanciones se han impuesto por operar sin el título habilitante necesario, un problema que afecta tanto a residentes como a la calidad del turismo en la ciudad.
El protocolo de actuación es claro: tras recibir una reclamación, los agentes acuden al lugar, identifican a los ocupantes, verifican la plataforma de reserva y comprueban la legalidad de la vivienda. Si no está registrada, se emite un acta-denuncia y se localiza al propietario a través del IBI, asegurando un proceso eficiente y transparente.
Moratoria y nueva normativa restrictiva
Desde su llegada al gobierno municipal, Catalá ha impulsado medidas contundentes. Una de ellas es la moratoria en la concesión de licencias para viviendas turísticas en toda la ciudad, vigente hasta la aprobación de una nueva normativa que será la más estricta de España. Esta regulación incluirá cuatro “candados” para garantizar el control, priorizando la seguridad jurídica y el equilibrio entre el turismo y la convivencia vecinal.
La alcaldesa ha señalado que “frente a la parálisis de los gobiernos de izquierda durante ocho años, hemos actuado con determinación para frenar la proliferación de apartamentos ilegales”. Entre 2015 y 2023, bajo el gobierno de Ribó y el PSOE, se inscribieron más de 4.500 apartamentos turísticos, muchos de ellos en bajos comerciales tras una modificación urbanística en 2018 que permitió este uso, antes prohibido.
Demandas al Gobierno central
Catalá ha instado al Gobierno central a implementar una ventanilla única de registro para apartamentos turísticos, una medida que facilitaría el control y la fiscalización. Además, ha solicitado sistemas informáticos para vigilar la publicidad engañosa en plataformas digitales, un problema que afecta a todas las grandes ciudades españolas. Aunque ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Consumo de bloquear anuncios fraudulentos, considera que “llega tarde” y urge una acción más contundente para complementar el trabajo de los ayuntamientos.
Un modelo de turismo sostenible
La clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales refleja el compromiso de Valencia con un modelo turístico que respete a los vecinos y preserve la identidad de la ciudad. “Estamos combatiendo un problema social con acciones concretas y una normativa que marcará un antes y un después”, afirmó Catalá. Este esfuerzo no solo protege a los residentes, sino que también garantiza una experiencia de calidad para los visitantes, consolidando a Valencia como un destino responsable.
Con estas medidas, la ciudad se posiciona como líder en la regulación de apartamentos turísticos, enviando un mensaje claro: el turismo debe ser una oportunidad, no un problema.