Después de ocho años de tramitación y ajustes, el Plan Especial del Cabanyal (PEC) ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica. El plan, que cuenta con más de mil viviendas, en su mayoría de protección pública y alquiler asequible, así como zonas verdes y el blindaje de la singular trama urbanística y arquitectura modernista, ha tenido que enfrentar múltiples desafíos y críticas a lo largo del tiempo.
Una de las principales controversias que ha surgido en torno al plan fue la propuesta de un hotel de 15 plantas en Eugenia Viñes, en el frente marítimo. La Concejalía de Desarrollo Urbano eliminó el edificio hace dos semanas, pero la edificabilidad (12,000 m2 de techo) se mantuvo para un estudio de detalle posterior. Costas reclamó que se fijara un tope de alturas y finalmente se llegó a un acuerdo para limitar a seis las alturas del edificio hotelero/terciario.
A pesar de que Costas ha dado el visto bueno al plan, aún faltan dos informes favorables de la Conselleria de Educación y uno más de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, además del preceptivo informe del Consell Jurídic Consultiu.
El plan del Cabanyal ha sido objeto de ajustes y cambios para atender las demandas de los vecinos, que reclamaban la rebaja de la edificabilidad para respetar las zonas verdes existentes en Doctor Lluch y limitar los apartamentos turísticos.
Además, el informe favorable "condicionado" al catálogo de inmuebles protegidos del nuevo plan por parte de la Conselleria de Cultura también supuso dos años de trámites, informes, reparos y correcciones. La solución para los bloques portuarios añadió tiempo a la redacción del nuevo plan, al que han puesto reparos varios organismos e instituciones.
El PEC sustituirá al anterior Plan de Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal aprobado por el gobierno de Rita Barberá, que incluía la prolongación de Blasco Ibáñez a través del conjunto histórico protegido. El plan de la prolongación fue suspendido por expoliador por el Ministerio de Cultura en 2010 y anulado en 2015 por el ayuntamiento en una de las primeras decisiones adoptadas por el primer gobierno de coalición de Joan Ribó (Compromís) con PSPV y Valencia en Comú.