El Ayuntamiento adoptará medidas para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de los grupos municipales. Además, modificará el reglamento orgánico que regulará “de manera “óptima” las comisiones de investigación municipales. Así lo ha acordado el Pleno, con el apoyo de todos los concejales municipales, al debatir las conclusiones de la Comisión de Investigación del caso conocido como “Operación Taula”. Algunas, como la decisión de exigir a los concejales populares la entrega de su acta, no se han acordado por mayoría. El Partido Popular tampoco ha votado a favor la propuesta de València en Comú, avalada por todos los grupos del equipo de gobierno, para continuar la investigación de las presuntas irregularidades en la concesión de La Rambleta.
El presidente de esta comisión de investigación, el concejal del Grupo Compromís Carlos Galiana, ha recordado que esta “se constituyó por acuerdo plenario para determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales por un supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular”. Y ha asegurado que los concejales del PP “han desaprovechado una oportunidad para aclarar las cosas a la ciudadanía”.
“A pesar de que el PP apoyó la creación de esta comisión, la ha boicoteado desde el primer momento”, ha lamentado el concejal. Si bien, ha asegurado, “con las comparecencias reflejadas en el acta, podemos afirmar que el funcionamiento del antiguo Grupo Municipal Popular era francamente mejorable y escapaba del control de sus miembros, que realizaron una aportación de 1.000 euros para financiar la campaña electoral de 2015 a través del mencionado grupo, que, además, asumía tareas impropias que pertenecen a las delegaciones municipales”.
Por todo esto, ha continuado el regidor Carlos Galiana, “exigimos a los concejales del Grupo Municipal Popular que dejan su acta de concejales, tal como pidió a su día la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. O, al menos, que abandonan el grupo dejando a otros concejales no investigados”. Esta propuesta ha recibido el voto favorable de los grupos del equipo de gobierno (Compromís, Socialistas y València en Comú), el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, “porque –tal como ha explicado el concejal Narciso Estellés “a pesar de que ya votamos a favor de este acuerdo se encuentra dentro de un informe de cierre de la comisión que no compartimos”.
En cuanto al cierre de la comisión, al que también se opuso en un principio València en Comú, hoy se ha acordado con la unanimidad del equipo de gobierno que ha apoyado a una propuesta defendida por el portavoz del mencionado grupo, el concejal Jordi Peris. En su intervención ha manifestado que en las 12 sesiones de esta comisión ha sentido “hasta qué punto el partido político que ha gobernado durante años desprecia a la ciudadanía”, y ha pedido decencia y responsabilidad a los concejales investigados”. Por eso, ha explicado, “suscribimos el contenido del informe que pide el acta de estos ediles, pero quedan cosas para investigar como la sospechosa adjudicación del contrato de construcción y gestión del centro cultural La Rambleta, que continúa vigente con un gasto de 2,3 millones de euros y una vigencia de 16 años”. En la votación de esta enmienda se ha abstenido el PP y Ciudadanos.
Por su parte, la portavoz del grupo Socialista, Sandra Gómez, ha reivindicado el papel desarrollado por la comisión “creada para descubrir malas prácticas, para preguntar si hubo blanqueo de dinero y otros delitos que el juez juzgará”. La edil socialista ha señalado que la Comisión de Investigación ha defendido los intereses de los valencianos y ha apelado al interés colectivo como objetivo fundamental de los responsables públicos.
En la misma línea se ha manifestado el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés quien, al recordar que su grupo “trabaja para luchar contra la corrupción”, ha resaltado que una comisión no es un juicio pero sí una herramienta muy útil que en este caso, por ejemplo, permitirá mejorar el funcionamiento de los grupos políticos”.
De hecho, esta es una de las conclusiones del Caso Taula que han sido aprobadas por mayoría. De ahora en adelante los grupos políticos tendrán sólo una cuenta bancaria y harán públicos sus gastos para que estén al alcance de todo el mundo. Se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, y los grupos municipales no podrán llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.
Los 5 grupos municipales representados en el consistorio también han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Y el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta de instar al Estado para que determine que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otros administraciones.
En la sesión plenaria también se ha debatido y rechazado la propuesta del Partido Popular que ha pedido, por ejemplo, “que se quite del informe final del caso Taula una alusión a las declaraciones de la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana cuando reclamó el acta de sus compañeros”. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha criticado al equipo de gobierno “que vive de las miserias de los otros”, ha afirmado que la comisión ha desarrollado las tareas sin cumplir los plazos judiciales y sin rigor documental, y ha reclamado “que se respete la Justicia y sus tiempos, tanto como la presunción de inocencia”.