La Ley de la Capitalidad para otorgar a València un régimen de financiación especial para desarrollar una serie de competencias propias está en marcha. Así lo ha anunciado hoy el alcalde Joan Ribó al concluir una reunión que ha mantenido con los portavoces de todos los grupos municipales para presentarles el primer borrador de esta iniciativa legislativa (que cuenta con el apoyo de la Generalitat) con el fin de aprobarla en 2018.
“Se trata de una normativa muy importante porque, además de definir y concretar el papel de la ciudad como capital de la Comunidad Valenciana, reconocerá al Ayuntamiento una amplia facultad de desarrollo reglamentario”. Por otro lado, ha añadido el alcalde, “esta norma reconoce como propias competencias que hasta ahora eran atribuidas a la Generalitat y define los recursos económicos y financiación necesaria para su ejecución, que tendrán que concretarse anualmente en los presupuestos de la Generalitat”, ha recordado Ribó después de entregar el borrador de la mencionada ley a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y a los responsables de los servicios municipales.
Todos ellos cuentan con un plazo de 20 días para presentar propuestas ante este borrador que, posteriormente, se analizará en una comisión mixta compuesta por representantes del Ayuntamiento y de la Generalitat.
Joan Ribó ha resaltado que la voluntad del Govern de la Nau “es que esta ley disfrute del máximo de consenso y por eso, quiere contar con la colaboración y participación de todos los grupo políticos que hoy han sido representados por los regidores Pere Fuset, de Compromiso; Sandra Gómez, del grupo Socialista; Neus Fàbregras, de València en común, Alfonso Novo, de los Populares; y Fernado Giner, de Ciutadans.
Después de esta reunión, en la cual también han participado funcionarios públicos, y antes de la lectura del Bando del 25 de noviembre, Día Internacional para Combatir la Violencia de Género, el alcalde ha manifestado ante #os medios que la Ley de Capitalidad se deriva de la Ley de Régimen Local Valenciana del año 2010 “que se intentó poner en marcha sin éxito porque a día de hoy en Valencia no estamos recibiendo la financiación adecuada ni la consideración jurídica que hace falta”.