El pasado lunes, la muerte de un interno de 25 años, de origen marroquí, en la celda de aislamiento del CIE de Zapadores ha vuelto a reavivar la polémica de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Así, desde la plataforma CIEs NO han exigido al gobierno central una investigación rigurosa que determine las circunstancias en las que se produjo la muerte de este joven, así como que se depuren responsabilidades que pasarían, en primera instancia, “por la destitución inmediata del director del CIE de Zapadores”.
Por su parte, desde la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, encabezada por Juan Carlos Fulgencio, se ha querido dejar claro que “estamos hablando de un suicidio, no hay ninguna otra causa”, a lo que ha añadido que lo que se pretendía era “proteger al interno de otros tras verse implicado en una pelea. En ningún momento se planteó que hubiera que protegerlo de él mismo. Si no, se hubiera actuado con otro protocolo”.
Desde la apertura del primer CIE, desde la plataforma lamentan que “al menos nueve personas han fallecido en condiciones de encierro y traslado forzoso. La muerte en el CIE no es una excepción, sino una macabra normalidad”. Sin duda, un trágico desenlace que ha puesto, de nuevo, en el punto de mira las condiciones en las que se encuentran los internos de los CIE.
Cristina Martínez, miembro de CIEs NO, explicaba en una entrevista para València Extra que “en el caso del CIE de Zapadores, las condiciones higiénicas son lamentables. En estos momentos, las celdas se cierran por las noches, y las personas internas se ven en la obligación de hacer sus necesidades donde pueden, pero es que, en otros centros, los baños están dentro de la misma celda, eliminado cualquier tipo de privacidad”, explicaba entonces.
Una “violación de derechos humanos y de acuerdos internacionales” que se hacen visibles, además, en la falta de recursos. “Muchos centros no cuentan con vías de evacuación en caso de incendio; los horarios de visita de los familiares, a parte de ser muy limitados, se realizan en salas donde no puede haber contacto físico”, y añade, “se criminaliza a personas que solo han cometido una falta administrativa, y se les condena con la máxima pena que tenemos en España: se les priva de su libertad. Pero, además, no hay distinción entre el que acaba de llegar en una patera, y se le encierra en un CIE, y el que acaba de salir de prisión por haber cometido un delito que, por otra parte, ya habría cumplido condena”.Pero las peticiones del cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros no solo llegan por parte de esta plataforma. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ya ha anunciado que presentará una solicitud de comparecencia del ministro de Interior para que se aclare si desde el gobierno central se pretende continuar manteniendo abiertos los CIE, así como una batería de preguntas sobre “la vulneración de derechos humanos que allí está produciéndose”.