Hace unos días estallaba la polémica, cuando se conocía un nuevo caso de discriminación lingüística por parte de la misma ginecóloga que, ya en el mes de agosto, instaba a una paciente a expresarse en castellano. Así, Adriana Paredes, ginecóloga del sistema sanitario público valenciano, dependiente de la Conselleria de Sanidad, volvía a protagonizar un nuevo caso de discriminación al negarse a atender a una paciente por hablar en valenciano.
Los hechos ocurrían de la siguiente manera: El pasado 15 de octubre, la periodista Núria Cadenes tenía cita concertada, en Torrent, con la ginecóloga Paredes. Sin embargo, se quedó sin atención sanitaria por el hecho de expresarse en valenciano. Una situación muy similar a la ocurrida el 28 de agosto, cuando la misma doctora instó a la paciente a “hablar en castellano”, mientras le estaba explicando su estado de salud.
Ante estos dos casos de discriminación lingüística, la Plataforma per la Llengua no ha dudado en pedir, a la Generalitat Valenciana, la expulsión de la ginecóloga Adriana Paredes del sistema sanitario público, amparándose “en la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que considera, como una falta grave, el incumplimiento del deber de acatamiento del Estatuto de Autonomía o la discriminación por razón de lengua, llegando a adoptarse, por faltas muy graves, la separación del servicio o la suspensión de funciones y retribuciones por un periodo de entre tres y seis años”.
València Extra ha hablado con Manel Carceller, delegado de la Plataforma per la Llengua, que ha mostrado su indignación ante la actitud de una doctora que “tiene la obligación, porque así lo especifica el Código Ético, de atender, sin excepciones, a todos y cada uno de sus pacientes. La ginecóloga Adriana Paredes no solo vertió amenazas hacia un paciente exigiéndole que hablara en castellano, sino que, en esta última ocasión, se negó a realizar el servicio sanitario. Una situación intolerable porque, como he dicho, tienen la obligación de tratar a las personas sin tener en consideración ni su ideología, ni su raza, ni su religión y, por supuesto, ni su lengua. No se puede caer en ningún tipo de discriminación porque está vetado por la práctica médica. Y, en este caso, se ha negado a atender a una persona que requería su atención”.
“Además, el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado cuando gobernaba el PP, especifica que cualquier ciudadano puede dirigirse a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de las dos lenguas oficiales, garantizando su atención. Cuando se produzco el primer caso de discriminación lingüística pudo rectificar, pero ha habido un segundo caso. Es por este motivo que solicitamos que se abra un expediente por irregularidades e, incluso, que se lleve a cabo la separación del servicio, tal y como se recoge en la Ley 10/2010”.
Por su parte, la Consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dejado claro que “en la comunidad valenciana, no hay ningún problema con la co-oficialidad de las lenguas”. De esta manera, y respecto a la polémica generada ha asegurado que “nosotros no tenemos registrada ninguna queja. La información la hemos obtenido por los medios de comunicación. Existe una oficina de conflictos lingüísticos para que nos explique o tengamos que explicarnos, cuando reunamos toda la información, pero no hay un conflicto de lenguas, pese a que el PP quiera introducir esa polémica”.