València abre una investigación por el caso de discriminación en la piscina de Benicalap

La Policía Nacional está investigando los hechos ocurridos en la piscina municipal de Benicalap como un posible delito de odio

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Piscina de Benicalap
Piscina de Benicalap

Caso de discriminación en la piscina municipal de Benicalap. Al parecer, el personal de seguridad se negó a dejar pasar a una mujer, que iba acompañada de sus hijos, por el simple hecho de llevar velo. Cuando la mujer pidió explicaciones, comenzaron los insultos racistas. La Policía Nacional ya está investigando lo sucedido como un posible delito de odio. Por su parte, el Ayuntamiento de València ha comunicado, esta mañana, que ha abierto una investigación a la empresa concesionaria de la piscina municipal de Benicalap.

Como han informado desde el consistorio, “ante las informaciones conocidas sobre un posible caso de discriminación a una mujer en la piscina municipal de Benicalap, en este mes de agosto, el Ayuntamiento de València comunica la apertura de una investigación conjunta por parte de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la ONDIS, la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de València, para conocer los hechos que se han producido y tomar las medidas oportunas que fuesen necesarias”.

Así, durante la investigación se dará audiencia a ambas partes para conocer los detalles de lo sucedido en esta piscina del barrio de Benicalap. Asimismo, el Ayuntamiento de València se ha puesto a disposición de la Policía Nacional para colaborar en la investigación que se está llevando a cabo por parte de los agentes.

Cabe recordar que la piscina municipal de Benicalap está gestionada por una empresa concesionaria, externa al Ayuntamiento de València. Ha sido el personal de la Fundación Deportiva Municipal quien se ha desplazado hasta el recinto para comunicar a la empresa la decisión del consistorio.

De esta manera, desde la corporación municipal han querido dejar claro que condenan “todo tipo de discriminación”, y recuerdan que “se trabaja a diario para evitar situaciones que vulneren los derechos de las personas”.

Por su parte, el concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha instado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a aplicar sanciones a la empresa concesionaria “si se confirman los hechos denunciados, así como a llevar el caso a fiscalía de delitos de odio”. En este sentido, ha expresado que “el PP blanquea a la extrema derecha con sus pactos que ya están teniendo consecuencias para la vida de las personas”.

Finalmente, desde el partido socialista, se ha pedido que se incluya en los contratos de concesión “una cláusula que penalice este tipo de situaciones”. 

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