En el próximo Pleno se propondrá la aprobación de la Corporación el Acuerdo Laboral para el Personal Funcionario del Ayuntamiento de Valencia (2016-2019), que han firmado el alcalde Joan Ribó, el regidor de Personal, Sergi Campilo, y los representantes de los diferentes sindicatos con representación municipal, que han respaldado unánimemente un convenio que Campillo ha calificado como “El Acuerdo del cambio”, y del que Ribó ha destacado que responde al objetivo “de hacer de esta casa una empresa moderna, en la cual se profesionalice a los trabajadores, se les forme y valore por su trabajo al servicio de los valencianos”.
“Es una profunda satisfacción firmar un convenio por unanimidad, un objetivo importante para nosotros que plasmaremos en el futuro presupuesto y que tiene dos vertientes, por un lado romper totalmente la mecánica actual de restricciones, de reducir personal - Al final del año habrá alrededor de 300 personas más trabajando en el Ayuntamiento- y por otra un factor que me parece muy importante. Queremos hacer de esta casa una administración que funcione como una empresa moderna, en la cual se profesionalice a los trabajadores, se les forme, se les valoro por su trabajo, por su carrera profesional, porque pensamos que la mayoría de los trabajadores son gente comprometida que quiere prestar un buen servicio a los valencianos”, ha destacado el alcalde Joan Ribó.
El primero en tomar la palabra ha sido Sergi Campillo, responsable del área de Gobierno Interior, que ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia contaba a fecha 1 de agosto con 4.913 empleados y empleadas, “y es el Ayuntamiento de mayor tamaño de la Comunidad Valenciana”. A continuación ha añadido que “este acuerdo laboral tiene que contribuir al objetivo focal y estratégico de ofrecer y prestar a la ciudadanía unos servicios públicos con calidad, eficacia, eficiencia y con atención a las demandas sociales, mediante un esfuerzo constante de mejora de la adaptación de sus estructuras, métodos de funcionamiento, profesionalización de sus empleados y empleadas como principal activo para garantizar el derecho de la ciudadanía a una buena administración.