La Autoridad Portuaria de València, entidad que gestiona el puerto del Cap i Casal, dependiente del Estado, no cumple con varias directrices señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007. Una DIA que el puerto cree fundamentada para 'cubrir' la ampliación norte que ahora quieren acometer, pese a los cambios previstos en la reforma: la destrucción de un dique, alargar otro 500 metros y un 300% más de dragados-cimentación.
Según la Declaración aprobada en 2007 para la ampliación del Puerto de València, tal y como señaló el vicealcalde de València, Sergi Campillo, la APV debe atender sus posibles afecciones al entorno. Según el documento, disponible a través del Boletín Oficial del Estado, se debía iniciar un programa de vigilancia ambiental que lleva acarreadas unas "medidas correctoras": "se propondrán las medidas correctoras pertinentes para evitar la regresión o el exceso del basculamiento de las playas situadas tanto al norte como al sur de la actuación".
Hasta el momento, el Puerto no ha realizado esas medidas correctoras, pese a que la afección a las playas del sur es evidente. Según un estudio de la Universitat Politécnica de València, el "efecto sombra" o 'barrera' de la infraestructura portuaria es el principal responsable de la regresión de estas playas; desde 'sólo' nueve metros hasta el caso más extremo, los 65 de la playa de l'Arbre del Gos, nada más atravesar el nuevo cauce del Túria.
La afección a estas comenzó en 1965, pero fue a partir de los 90 -tras enterrar la playa de Natzaret bajo cemento- cuando fue más notorio, a lo que se suma otra ampliación posterior relativa a dicha DIA, de 2007. Ya entonces, en 2006, el Director de Infraestructuras del Puerto de València, Manuel Guerra, minimizó los posibles daños a las playas del sur a la vez que resaltaba los beneficios económicos y para la ciudad de la ampliación.
"Sensato y aconsejable"
De manera semejante, el director de la APV en la actualidad, Aurelio Martínez, asegura que "lo primero" que hicieron, con vistas a iniciar el proyecto, fue "pedir un informe realizado por técnicos de la casa y ratificado por Puertos del Estado" a mediados de 2018, que concluía que no era necesaria una DIA. No hay necesidad, aseguran, porque no se dan ninguno de los supuestos que obligarían a repetirla, como "incremento de emisiones a la atmósfera, incremento de vertidos o afección a Espacios Red Natura". A su vez, señaló la importancia de esta inversión para el futuro del Puerto y la economía de la ciudad.
Una opinión que contrasta con la esgrimida por la Comissió Ciutat-Port, que asegura "sensato y aconsejable" parar el proceso de adjudicación. Creen que la APV "ha dado un salto mortal hacia adelante", con la proyección de "ampliar, ampliar y ampliar". Señalan que el nuevo plan de la APV prevé 21.392.820 metros cúbicos en “volúmenes de dragados y zanjas de cimentación”, lo que “supera ampliamente” las previsiones del proyecto inicial. También la destrucción del dique o ampliación del otro... Y la "previsible" afección a las costas sur, la 'línea de defensa' de la Albufera, que forman parte de la Red Natura y ya sufren las consecuencias del efecto 'barrera'.
Replantear la política
El pasado jueves, desde el Tribunal de Cuentas -dependiente del Gobierno Central-, se señalaba que la ampliación norte del puerto de València "obligará a replantearse la política financiera de la APV". Según recoge, el Puerto ejecutará, con sus fondos, la mayor parte de las obras -dinero público-. Una inversión estimada de 466 millones inicialmente no contempladas que se reflejará en las cuentas del Puerto como "saldo negativo".Se trata de algo que ya señalaron los colectivos sociales; "Calculamos una inversión de entorno a los 3.000 millones -obra completa más túnel submarino de acceso norte-, que no pondrá la empresa".