El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la Ordenanza Municipal del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de València, que regulará el acceso a este recurso personalizado que permite la atención social ciudadana través de la línea telefónica, con asistencia ininterrumpida y permanente 24 horas al día 365 días del año.
La concejala de Bienestar Social, Isabel Lozano, ha explicado que esta normativa «es una nueva herramienta que garantiza los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y mejora las políticas de transparencia». Además, a partir de ahora podrán ser destinatarias del servicio de teleasistencia, además de las personas mayores de 65 años, las personas con diversidad funcional de 18 años o, empadronadas en València que, incluso teniendo cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene personal y domicilio, vivan solas o con otras personas de idénticas características de edad o diversidad funcional.
Ante el respaldo de los concejales y concejalas de la Oposición, que han asegurado «que van a estar pendientes del cumplimiento de esta nueva normativa», Isabel Lozano, ha manifestado que el Ayuntamiento es «consciente de la lista de espera existente para recibir esta prestación», y ha explicado que la nueva ordenanza «amplía las prestaciones del servicio, con lo que la teleasistencia de València se sitúa en la vanguardia del resto de España, al alejarse del anterior modelo, de telealarma, e instaurar una teleasistencia avanzada que cuenta con dispositivos tecnológicos como detectores de caídas, de fugas de gas, de agua, de humo, de fuego, de inactividad o de inundación; sensor de temperaturas extremas, y camino de luces».
En sus intervenciones el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha agradecido «que se hayan tenido en cuenta las propuestas de su grupo en el texto de esta ordenanza que es fruto del consenso», y ha recordado «que se incrementa el presupuesto para poder llegar a más población»; mientras que la portavoz Popular, María José Catala´, ha solicitado que se minimicen las listas de espera, alarmantes en la actual crisis socio sanitaria».
Por su parte, la concejala Isabel Lozano ha afirmado que la ordenanza que hoy se aprueba «ratifica obligaciones, derechos y servicios municipales a los cuales tiene acceso la ciudadanía», y ha recordado que la lista de espera de este servicio es menor de 500 personas, frente a las más de 6.000 personas atendidas»
En materia económica, el Pleno ha aprobado, entre otros asuntos, la séptima y la octava modificación de crédito, destinadas a actuaciones para paliar los efectos negativos de la crisis de la COVID-19 en la vertiente social y económica. Un total de 5’23 millones de euros, 2’63 millones de euros correspondientes a la séptima modificación de crédito y 2’6 millones de euros a la octava, «que ascienden la cifra total de créditos extraordinarios y suplementos con motivo de la pandemia a casi 14 millones de euros», tal como ha informado el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.
Durante el debate conjunto que se ha generado en torno a estos y otros acuerdos económicos, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha solicitado a los grupos de la Oposición que no confundan a la ciudadanía con las cifras y fechas. Así, por ejemplo, ha aclarado: «Los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles se pueden pagar, sin recargo, hasta el próximo 10 de julio». «Es decir, se pueden pagar a partir de hoy pero eso no quiere decir que se tengan que pagar ya», ha insistido tras explicar, «como responsable de la hacienda pública sería un irresponsable si no mandara la remesa de recibos y que el Ayuntamiento entrara en colapso».
El portavoz del grupo Ciudadanos, Fernando Giner, que ha expuesto su respaldo a las modificaciones del presupuesto para hacer frente a las necesidades impuestas por la COVID-19, ha solicitado «más transparencia con estas acciones porque los cambios presupuestarios responden a repartos de poder entre las concejalías». Por otra parte, Giner, que también ha lamentado «que a día de hoy sólo se han ejecutado 8 millones de euros del Presupuesto», ha demandado «un plan de reconstrucción de la ciudad que incluya la agilización de las licencias de obra» y «que se posponga el cobro del IBI».
En representación del grupo Popular, su portavoz, María José Catalá y la concejala Paula Llobet, también han centrado parte de su discurso «en la necesidad de aplazar el pago del IBI» y, en general, «en pedir una bajada de impuestos para no llevar a las familias valencianas a situaciones dramáticas». «El PP en una situación de pandemia baja los impuestos como ha hecho en Madrid, para infundir a su ciudadanía vigor y esperanza», ha afirmado Catalá, mientras que LLobet ha exigido «mayor rigor, inmediatez y eficacia» en la política económica del Ayuntamiento de València.
El Pleno también ha acordado, con un procedimiento de urgencia que no ha contado el respaldo de Vox, «por no seguir el procedimiento necesario», la tercera relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2020, que Ramón Vilar ha defendido «para inyectar liquidez entre los proveedores» y finalmente se ha aprobado con el voto en contra de PP i Vox y la abstención de Ciudanos.