La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la licitación de dos contratos municipales que llegan a su fin, circunstancia que la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas en funciones del consistorio, Isabel Lozano, ha explicado que aprovecharán para aumentar la dotación de ambos contratos, el de conservación y mantenimiento de viviendas adscritas a los servicios municipales dentro del programa de acceso a la vivienda municipal y el del servicio integral de apoyo a familias del censo de vivienda precaria.
«El anterior contrato, con el que hemos tenido que trabajar hasta ahora, no estaba dotado correctamente y no permitía mantener las 96 viviendas municipales que había. Por eso ahora multiplicamos por casi 2,5 su presupuesto, porque queremos que las viviendas sociales –que además ahora ya son 126- estén en óptimas condiciones de habitabilidad», ha explicado Lozano, en referencia al nuevo presupuesto de 600.000 euros anuales. También ha indicado que el contrato es por dos años más tres años prorrogables por separado.
«Gracias a las nuevas condiciones de la contrata y la tarea muy preventiva que supone, reducimos considerablemente las opciones de requerir una reparación de urgencia o de deterioro grave de las viviendas, como pasaba en 2015», ha afirmado. Sobre el objetivo político del nuevo contrato, Lozano ha destacado que «las familias en situación de vulnerabilidad que acceden a estas viviendas estarán en las mejores condiciones posibles de calidad y con una vivienda digna, que es el objetivo del Ayuntamiento».
Por otro lado, también ha explicado que una de las cláusulas del pliego indica que al menos una de las personas que integren el equipo de mantenimiento y rehabilitación tendrá que ser de un colectivo considerado en riesgo o en situación de exclusión social, como personas que no tienen prestaciones, perceptoras de la renta valenciana de inclusión o de la renta de inserción de Labora por desempleo; también jóvenes de entre 18 y 30 años acogidos en el sistema de Protección de Menores, personas en situación de tercer grado penitenciario, en libertad condicional o excarceladas en los últimos dos años –atendiendo así a un colectivo que está muy desatendido y necesita la reinserción laboral-, también a menores entre 16 y 21 años en libertad vigilada o en cumplimiento de alguna medida en régimen abierto y también mujeres supervivientes de la violencia de género.
CONTRATO DE SERVICIO PARA FAMILIAS DEL CENSO DE VIVIENDA PRECARIA
Por otro lado, la concejala ha puesto en valor la «fuerte apuesta» del Govern de la Nau para mejorar la dotación presupuestaria del contrato del servicio integral de apoyo a familias del censo de vivienda precaria o infravivienda (asentamientos, chabolas, etc.). «Por su importancia hemos decidido que pase de 446.000 a 761.200 euros, un 70 por ciento más».Entre las novedades se encuentran los talleres formativos, una parte de la intervención que se hace con las familias. El nuevo contrato los multiplica por dos, hasta llegar a las 200 horas, y los determina. «Hemos incrementado talleres para abordar cuestiones como las nuevas tecnologías, las habilidades para el empleo o la implicación de madres y padres en la escolarización y la educación de hijos e hijas», ha explicado Lozano, que ha destacado que la formación estará becada y cada persona que la reciba cobrará dos euros y medio por hora de formación, compensando así el tiempo que no podrán dedicar a ganar recursos de forma directa.
Las familias atendidas en situación de vivienda precaria se incrementarán hasta llegar a las 80 y recibirán una atención mucho más profunda y de mucha más calidad. «La intervención social será más intensa y habrá un foco en la atención psicológica», ha afirmado la concejala. También se refuerza notablemente el equipo multidisciplinar de la contrata, pasando de 8 a 12: trabajadoras e integradoras sociales, psicólogas y también se añade la función de mediación, como con gente con conocimientos de rumano para facilitar la mediación intercultural.
«Reforzamos con este nuevo contrato uno de los objetivos del próximo mandato, que es un plan de erradicación del chabolismo y la vivienda precaria. Esta nueva licitación va en esa línea para dotar el servicio de apoyo a las familias de una calidad y de unos recursos económicos y humanos que garantizan mucho más el éxito de la actuación y que estas personas puedan salir de esa situación y tengan acceso a la renta valenciana, a recursos formativos, a la plena escolarización de los menores, a una vivienda municipal y vayan dando pasos en ese proceso de inserción llena en una vida con todos los derechos y obligaciones que comporta nuestra sociedad», ha concluido Lozano.