El colectivo Cuidem Benimaclet, junto con la asociación Per l'Horta, ha presentado esta mañana 2.567 firmas en contra del PAI (Plan de Actuación Integrada) de Benimaclet, impulsado por la empresa Metrovacesa. Estas firmas apoyan una alegación formal que los colectivos tienen previsto registrar la próxima semana, y con la que exigen la paralización inmediata del proyecto. En caso contrario, han advertido que se verán obligados a emprender acciones legales.
Según denuncian, el PAI que se presenta como una solución al problema de la vivienda "esconde un modelo de desarrollo especulativo, destructivo y socialmente injusto, que pone en peligro 40.000 m² de huerta, espacios de cultivo comunitario, la fauna y flora locales e incluso el patrimonio histórico, como la antigua alquería de Cucaleta, que sería sustituida por una torre de 25 alturas".
Además de la destrucción del entorno agrícola y patrimonial, el colectivo subraya una larga lista de irregularidades. Consideran que Metrovacesa no puede actuar legalmente como agente urbanizador, ya que no ha acreditado el apoyo suficiente de los propietarios de los terrenos ni cumple los requisitos establecidos por ley. También critican que el Ayuntamiento no ha fiscalizado adecuadamente este proceso, que consideran opaco y orientado a los intereses de una empresa privada.
Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto ha sido sometido solo a una evaluación ambiental simplificada, a pesar de afectar a más de 200.000 m² e incluir infraestructuras que inciden directamente en la red viaria y verde del barrio. Los colectivos exigen una evaluación ambiental ordinaria, que incluya estudios sobre el impacto climático, acústico y de calidad del aire. En este sentido, alertan de la destrucción de 640 árboles, de los que 146 están protegidos, y del asfaltado de suelo permeable, que favorecerá el aumento de temperatura y la contaminación.
El informe de sostenibilidad económica presentado por Metrovacesa estima unos beneficios de 137 millones de euros para la empresa, mientras que el Ayuntamiento solo recibiría 22 millones en concepto de impuestos y tasas, y deberá asumir 37 millones para ejecutar los equipamientos públicos. A esto se suma el coste de la desclasificación de los terrenos, cifrado en 12 millones.
En el ámbito urbanístico, Cuidem Benimaclet denuncia que el proyecto contempla alcantarillado unitario (sin separar aguas residuales y pluviales), a pesar de que se pide a los vecinos sistemas separativos en las viviendas. También destacan que las nuevas viviendas no cumplen la distancia legal mínima de 500 metros respecto al cementerio de Benimaclet.
Viviendas de 300.000 €
En cuanto a la vivienda, el colectivo denuncia que los precios estimados de los pisos (a partir de 300.000 €) no dan respuesta a las necesidades del vecindario. Además, la proporción de vivienda de protección oficial se reduce al mínimo legal, y a largo plazo acabará reintegrándose al mercado privado, sin garantizar el acceso a la vivienda para las familias con menos recursos. En este sentido, señalan que podrían estudiar otro tipo de vivienda, más digna y cien por cien social, pero "no ha sido nunca lo que se ha propuesto para estos terrenos".
Los colectivos también alertan de que el proyecto desplazará a centenares de personas que hacen uso de espacios sociales y culturales en los terrenos, como el CSOA Horta, que ya ha recibido más de 45.000 visitas y es considerado un activo de salud comunitaria.
Finalmente, critican la falta de participación ciudadana: el proyecto solo ha sido expuesto durante 45 días (el mínimo legal), en formato digital, dejando fuera a una parte importante de la población. "No aceptamos que el futuro de todo un barrio esté en manos de una empresa privada que solo mira por sus beneficios", afirman. Reclaman un modelo urbanístico participativo, sostenible y pensado para el vecindario, y avisan de que si las alegaciones son desestimadas, recurrirán por vía legal. "No permitiremos que el precio de tener equipamientos sea destruir nuestro barrio", concluyen.
La propuesta "recoge las peticiones vecinales"
Por su parte, fuentes de Metrovacesa consideran que: "Metrovacesa está plenamente comprometida con el avance ágil y decidido de este proyecto, concebido para dar respuesta a la creciente necesidad de vivienda en la zona. La propuesta se ha desarrollado bajo los criterios de urbanismo sostenible del Plan Especial elaborado por el equipo del arquitecto José María Ezquiaga. Incorpora además las aportaciones ciudadanas recogidas en los procesos participativos previos, con el objetivo de integrar nuevas viviendas de calidad en un entorno que ganará en espacios públicos, zonas verdes y accesibilidad, frenando la degradación del ámbito. La compañía está convencida de que este desarrollo contribuirá al crecimiento ordenado del barrio y generará beneficios reales para todos sus vecinos, presentes y futuros."