Las asociaciones vecinales de los barrios del distrito Marítim de València han decidido coordinar acciones conjuntas para oponerse a la cesión de una parcela municipal destinada a la construcción de un rascacielos promovido por la Autoridad Portuaria de València (APV). Los colectivos denuncian que la operación se ha impulsado sin debate público y sin exigir contraprestaciones económicas o sociales para la ciudad, lo que, a su juicio, supone una pérdida de patrimonio municipal y un perjuicio para los barrios afectados.
Representantes de los barrios del Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí se reunieron con la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, María José Broseta, para fijar una estrategia común frente a un proyecto que consideran ajeno al interés general. Las asociaciones coinciden en que la decisión del Ayuntamiento de València de ceder suelo municipal sin contraprestación refuerza un modelo urbanístico orientado a grandes operaciones inmobiliarias vinculadas al puerto, en detrimento de las necesidades reales de la población residente.
Los colectivos vecinales advierten de que este tipo de iniciativas contribuyen a agravar problemas ya existentes en los barrios marítimos, como la presión turística, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida progresiva de tejido social. A su entender, la construcción de un rascacielos no responde a una planificación urbana equilibrada, sino a una lógica especulativa que prioriza intereses económicos concretos.
Rechazo a una operación urbanística sin retorno social
Uno de los principales argumentos del movimiento vecinal es la ausencia total de beneficios tangibles para la ciudad. Las asociaciones denuncian que la cesión del suelo municipal se ha llevado a cabo sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en València, como un canon económico relevante o la recuperación de parcelas portuarias para uso público.
En este sentido, los vecinos ponen como ejemplo el polideportivo con piscina situado en el barrio del Canyamelar, una instalación dependiente de la Autoridad Portuaria que actualmente es de uso exclusivo para su personal. Según las asociaciones, la reversión de este espacio al uso ciudadano nunca ha sido planteada por el Ayuntamiento, a pesar de que podría suponer una mejora directa de los servicios públicos en una zona especialmente tensionada.
Los representantes vecinales consideran que la renuncia a defender el patrimonio municipal constituye una dejación de funciones grave y denuncian que la cesión beneficia a un lobby concreto sin garantías de retorno social. A su juicio, esta forma de actuar debilita la capacidad del Ayuntamiento para negociar en defensa del interés general y sienta un precedente preocupante para futuras operaciones urbanísticas.
Impacto en el litoral y necesidad de un debate público
Las asociaciones también cuestionan la coherencia urbanística del proyecto y su impacto paisajístico y patrimonial en el entorno litoral. Recuerdan que durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal se obligó a reducir la altura de un hotel de quince plantas en la zona de Eugenia Viñas por su impacto visual, por lo que consideran injustificable que ahora se plantee autorizar una torre de treinta plantas en el mismo ámbito.
Desde el movimiento vecinal sostienen que antes de impulsar una operación inmobiliaria de gran altura debería priorizarse la recuperación de espacios históricos y simbólicos como la Escalera Real para el uso ciudadano. A su entender, este tipo de actuaciones contribuirían a reforzar la identidad del litoral y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, frente a proyectos de carácter marcadamente mercantil.
Los colectivos subrayan que los barrios marítimos necesitan con urgencia vivienda asequible para frenar la expulsión de su población residente, especialmente de jóvenes y familias. Consideran que el rascacielos no solo no resolverá este problema, sino que puede intensificar la presión sobre el mercado inmobiliario y favorecer aún más el uso turístico del entorno.
Por todo ello, las asociaciones vecinales reclaman la paralización del proyecto, la apertura de un proceso transparente de debate público y una revisión profunda de la relación entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria. Su objetivo, aseguran, es avanzar hacia un modelo de ciudad que priorice el interés general, respete el litoral y dé respuesta a las necesidades reales de los barrios marítimos.