El Ayuntamiento de València ha requerido a la Conselleria de Sanidad Universal para que en el plazo de dos meses "aporte la documentación necesaria y solicite la oportuna legalización" de las obras del hospital de campaña habilitado junto a La Fe. Asimismo, advierte que, en caso de incumplimiento, se acordarás las medidas previstas en la legislación, que incluyen la demolición de las edificaciones y el cese de suministros.
Así figura en una resolución de la Unidad de Licencias Urbanísticas que firman el secretario general de la administración municipal y la vicealcaldesa Sandra Gómez, como responsable del área de Urbanismo.
Cabe recordar que a mediados del mes de octubre se conoció un informe de técnicos del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València --realizado a raíz de una pregunta del Grupo Municipal Popular a la Comisión de Urbanismo-- en el que se concluyó que para las obras del hospital de campaña que se habilitó junto a La Fe a causa de la pandemia de covid no se solicitó ni licencia ambiental ni la correspondiente autorización administrativa para la ejecución de las mismas. El informe de inspección se elaboró tras la visita que llevaron a cabo los técnicos a las instalaciones el 17 de septiembre de 2021.
Ahora, en una resolución de 28 de octubre, consultada por Europa Press, recuerda que "el artículo 254 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobada por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell, preceptúa que en los supuestos de obras no legitimadas por autorización urbanística o
disconformes con ella, el acuerdo de suspensión requerirá al interesado para que, en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la suspensión, solicite la oportuna licencia o
autorización urbanística que corresponda o, en su caso, ajuste las obras a la autorización urbanística concedida".
Este requerimiento de legalización, añade, "será comunicado al registro de la propiedad en los términos de la legislación del Estado, apercibiéndose en este acto de la posible imposición de multas coercitivas sino no se solicita en plazo".
Por tanto, en la resolución, contra la que no cabe recurso, se requiere a la Conselleria de Sanidad para que, en el plazo de dos meses "aporte la documentación necesaria y solicite la oportuna legalización de las obras ejecutadas sin licencia o autorización urbanística, con expresa advertencia que, si transcurrido dicho plazo, sin efectuarlo, se acordarán las medidas de restauración de la legalidad previstas en el art. 257 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobada por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell, incluida, en su caso, la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente, el cese de los suministros de servicios públicos, anotación en el Registro
de la Propiedad o comunicación al Catastro inmobiliario".
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "SIN MÁS"
Fuentes municipales han apuntado a Europa Press que esta resolución y la correspondiente comunicación dirigida a la Conselleria de Sanitat forman parte del procedimiento administrativo normal, por lo que han manifestado que son un procedimiento administrativo "sin más" y que no tienen mayor trascendencia que el puro trámite habitual establecido por ley. Asimismo, han señalado que en la resolución se informa a la administración autonómica del contenido de la norma.
"NUEVO DESPROPÓSITO"
Por su parte, desde el PP, la portavoz del Grupo Municipal, María José Catalá, ha criticado lo que califica de "nuevo despropósito del gobierno" de Compromís y PSOE, "que ha tardado casi un año en actuar por el hospital de campaña de Ximo Puig sin licencia y donde debía atenderse a personas enfermas por el covid".
"Han vuelto a demostrar lo poco que les importa la salud de los valencianos al no actuar sabiendo que el hospital estaba sin licencia por permitirlo. Es una casualidad que actúen cuando ya va desmontarse la infraestructura y no cuando tocaba hacerlo, demostrando la dejadez en la gestión municipal", plantea Catalá en un comunicado.
"No queremos pensar que Ribó y Gómez han estado dilatando la actuación, cosa que no se hace con cualquier vecino que pone en marcha cualquier actividad en la ciudad", declara la concejala del PP, quien subraya que "no se trata de una instalación cualquiera, sino una infraestructura para atender a valencianos enfermos y se debía haber velado por ellos pidiendo a la Generalitat el cumplimiento de la legalidad, pero no por intereses de partido como parece que se ha actuado en este caso".