El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que instruye las diligencias abiertas por la estafa de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha dictado una providencia en la que comunica a la entidad Caixabank que la tiene por "personada y parte" en la causa, al amparo de lo establecido en el artículo 120.3 del Código Penal, en la condición de "posible responsable civil".
Así consta en un escrito, de fecha de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press. La providencia no es firme y contra ella cabe recurso de reforma en el plazo de tres días en el mismo juzgado.
El juzgado mantiene abierta desde principios de octubre una investigación sobre la estafa de cuatro millones de euros en la empresa pública, mediante la falsificación de firmas de apoderados autorizados a mover dinero de la EMT y ocho transferencias bancarias a cuentas de China, algunas de ellas desde la entidad Caixabank. En la causa figura como investigada la única trabajadora despedida, que era directora de administración y que está citada el 12 de noviembre.
El artículo 120.3 del Código Penal establece que son responsables civiles, en defecto de los que lo sean criminalmente, "las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que están relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción".
El Ayuntamiento de València aprobó el pasado 4 de noviembre iniciar los trámites para personarse en la causa con el objetivo de "recuperar hasta el último céntimo de esta estafa contra la EMT y el Ayuntamiento", según anunciaron los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.
Gómez explicaba en ese momento que el consistorio "va a ser parte legitimada para personarse como acción civil" pero, además, sus servicios jurídicos van a trabajar para que esté personado en la causa como una parte más.
En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento ejerciera algún tipo de acción legal contra Caixabank, la vicealcaldesa aseguraba que serían "respetuosos con los procedimientos abiertos" pero subrayaba: "El Ayuntamiento está legitimado para emprender cualquier acción contra cualquiera de las partes".
"IRREGULARIDADES INTERNAS"
Un reciente informe de Caixabank achacaba a la EMT la responsabilidad del fraude y reprochaba que "parece más bien que la EMT pretende ahora trasladar a CaixaBank las resultas negativas de todo un conjunto de irregularidades internas que se habrían producido en la empresa".Entre otras circunstancias, el documento señalaba que la directora de Gestión y del Área Financiera, que estaba en las fechas en las que se produjo el fraude de baja por maternidad, fue informada mediante un correo electrónico de dos transferencias realizadas los días 17 y 20 de septiembre, y que acabaron suponiendo, junto con otras seis más, esa estafa de cuatro millones.
La entidad concluía que esa directiva tuvo "puntual conocimiento de la operativa mediante el acceso y visualización a través de banca online del depósito sobre el que se realizaban las transferencias" a cuentas de China y que "ninguna manifestación ni objeción formuló a estas".
El documento era la respuesta de Caixabank a la solicitud, por parte de la EMT, del "abono inmediato del importe de ocho transferencias ordenadas por un total conjunto de 4.040.898,22 euros" --que se realizó el día 10 de octubre-- y al que la entidad no atendió "por razones que su compañía (la EMT) sobradamente conoce".
"Que la EMT haya sido objeto de un fraude interno propiciado por unas manifiestas debilidades internas de seguridad, no supone ninguna responsabilidad de Caixabank", recalcaba y afirmaba no guardar "ningún nexo causal" con él ni con la ausencia de medidas de control o prevención de la empresa para evitar el delito.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió recientemente en València que fueron "precisamente" los controles de la entidad financiera los que permitieron "detener" la operativa del fraude.