Detenidas 14 personas tras "la mayor operación en años en España" por gestión ilegal de residuos peligrosos

La Guardia Civil ha documentado cerca de 2.800 traslados de más de 200.000 toneladas de residuos en diferentes puntos del país

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Residuos peligrosos interceptados por la Guardia Civil
Residuos peligrosos interceptados por la Guardia Civil

"La mayor operación llevada a cabo en los últimos años en España". Con estas palabras ha defindio la Guardia Civil tras desarticular una trama de gestión ilegal de residuos peligrosos. En total, se han detenido e investigado a 14 personas y tres sociedades mercantiles relacionadas por su presunta relación en este asunto.

Según cuentan desde la Benemérita, una empresa gestora llevaba gestionando de manera ilegal residuos peligrosos al menos desde el año 2015, mientras que otra mercantil de transporte hacía de intermediario y se encargaba de trasladarlos a vertederos. Además, los plásticos que no estaban tratados acordes a la normativa vigente, eran exportados como materia prima al Sudeste Asiático, cuando debían haberse exportado como residuos previa descontaminación.

La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente), dentro de la bautizada como 'Operación Rubo', constató que una empresa llevaba años incumpliendo todos los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos.

En un comunicado, la Benemérita detalla que la operación integraba desde el almacenamiento de envases que contenían sustancias peligrosas a la intemperie, mezcla de residuos, manipulación sin autorización de residuos con amianto, hidrocarburos, residuos líquidos industriales, etc. hasta la falsificación en las codificaciones de los residuos,

AMIANTO Y ÁCIDO SULFÚRICO

Según las investigaciones, la empresa acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la administración, existiendo hasta una diferencia de 115.632 toneladas de basura sin trazabilidad alguna en el periodo de estudio, desde 2016 al 2020. La planta no estaba preparada para la gestión de esas cantidades y acumulaba en grandes contenedores que carecían de medidas de seguridad productos como amianto o ácido sulfúrico.

Gran parte de estos residuos se transportaban entre empresas para acabar en vertederos sin las autorizaciones obligatorias. Se han documentado cerca de 2.800 traslados entre diferentes puntos de la geografía española, entre ellos, la Comunitat Valenciana. Finalmente, la operación se ha traducido en más de 200.000 toneladas de residuos sin tratar adecuadamente, mezclando metales, plásticos, lodos, pinturas y hasta barnices.

CONTAMINACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO

Los agentes del Seprona, una vez tuvieron constancia de la trama, comprobaron la existencia de continuos vertidos a la red de alcantarillado en valores superiores a los límites establecidos. Tal es así que las mediciones identificaron la existencia de contaminantes peligrosos a las aguas residuales que no eran depuradas convenientemente, cosa que afectó a la capacidad de tratamiento de la estación depuradora EDAR encargada.

La elevada generación de residuos constituye un problema medioambiental grave de las sociedades modernas, de ahí las necesidades de una normativa estricta que asegure y garantice una correcta gestión de reciclaje.

La incorrecta gestión de muchas de las materias descubiertas en esta operación que contenían una cantidad importante de contaminantes y residuos peligrosos debían de gestionarse adecuadamente, ya que los metales pesados que se producen de su mala gestión pueden llegar a la cadena trófica, a través de ríos y zonas costeras, subraya la Guardia Civil.

La complejidad de 'Rubo' hace que se convierta "en la mayor operación, en cuanto a materia investigada se refiere, llevada a cabo en los últimos años en España", recalcan.

El operativo ha contado con la colaboración de Europol en el análisis de la documentación y posibles conexiones con países de la Unión Europea, de la Subdirección General de Residuos y Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Generalitat Valencia, así como de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de Valencia y de la Empresa Gramaser como Laboratorio de Omniun Ibérica.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Massamagrell.

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