Este jueves, los partidos PP y Vox, integrantes del Gobierno valenciano, presentaron en Les Corts una proposición de ley de "libertad educativa" que ha generado un intenso debate en la sociedad. Una de las medidas más polémicas es la propuesta de que el conocimiento del valenciano por parte del profesorado ya no será un requisito para ejercer como docente en la región.
La nueva legislación, que se espera entre en vigor completamente para el curso 2025-2026, establecerá que se consulte a los padres sobre la lengua en la que desean que sus hijos sean educados. Sin embargo, algunas medidas se implementarán de manera progresiva a partir del próximo curso.
Una de las disposiciones más controvertidas es que el valenciano se convierta en un mérito y no en un requisito para el profesorado. En los niveles de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos, los docentes deberán acreditar un nivel C1 de valenciano para impartir clases en esta lengua, mientras que no será necesario para el resto de enseñanzas y cuerpos docentes.
La propuesta también contempla un "reconocimiento" para los profesores que impartan clases en valenciano, lo que tendrá implicaciones en concursos de ámbito autonómico, actividades de formación y elección de turnos y horarios.
Además, se ha especificado que el personal funcionario de carrera destinado en otras comunidades autónomas podrá solicitar comisión de servicios en la Comunitat Valenciana sin tener el título de valenciano, por un período máximo de cuatro años, siempre que la petición se deba a razones sociales o por el traslado de la unidad familiar.
En cuanto al control, la propuesta establece que corresponderá a la Inspección Educativa, que asesorará a los equipos directivos y a los miembros de la comunidad educativa en esta materia.
Esta propuesta de ley ha generado un intenso debate en la sociedad valenciana, con opiniones encontradas sobre su impacto en la educación y la preservación del idioma valenciano en el ámbito escolar.