El verano llena las playas de València y de toda la Comunitat Valenciana de bañistas. Pero detrás de esa postal perfecta se esconde una realidad mucho más incómoda: los socorristas, que son quienes deberían proteger nuestras vidas en el agua, trabajan en condiciones precarias y sin una normativa que les ampare.
Así lo denuncia Salvador Perelló, vicepresidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, con el que hemos hablado. Sus palabras son tan claras como duras: “La administración nos trata como un simple trámite. Colocar socorristas da buena imagen, pero nadie se preocupa de la calidad del servicio”.
Y claro, la pregunta surge sola: si quienes vigilan nuestras playas están desprotegidos, mal pagados y, muchas veces, no tienen la formación adecuada, ¿qué garantías tenemos los bañistas cuando nos metemos al agua?
Precariedad laboral de los socorristas en València y la Comunitat
El primer gran problema es la precariedad laboral. Lo dice Perelló sin rodeos: “Nuestro trabajo es vigilar vidas humanas, no repartir mascarillas ni dar indicaciones de playa”. Sin embargo, eso es lo que sucede en demasiados municipios, donde el socorrista se convierte en un recurso polivalente que va mucho más allá de su verdadera función.
A esta desnaturalización de la profesión se suma un salario que apenas roza el mínimo y jornadas que se alargan más de lo permitido. Todo ello bajo un sol que castiga sin descanso. “En València, te ponen una silla elevada, sin agua refrigerada y sin instalaciones adecuadas. Estamos expuestos a golpes de calor e insolaciones”, denuncia Perelló. La comparación con Barcelona es inevitable: allí, tras una sentencia que reconoció dos cánceres de piel como enfermedad laboral, se sustituyeron las torres por casetas protegidas. Aquí, en cambio, se sigue improvisando con sombrillas y toallas.
La situación ha llegado a tal punto que la CGT presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que recientemente ha requerido al Ayuntamiento de València y a Cruz Roja a corregir varias deficiencias en las postas sanitarias de las playas. Se exige evaluación de riesgos, estudios de estrés térmico, pausas obligatorias, formación y agua refrigerada. Un avance, sí, pero que revela hasta qué punto la precariedad se había normalizado en un servicio tan esencial.
Falta de regulación: un decreto vacío y sin desarrollo
El segundo gran obstáculo es el vacío normativo. Y aquí la fotografía es desoladora. En la Comunitat Valenciana no existe una orden autonómica que marque requisitos mínimos de formación ni protocolos de seguridad. Esto provoca situaciones tan absurdas como que convivan en una misma playa socorristas con 420 horas de formación y otros que apenas han completado un curso online de fin de semana. “Y ambos están trabajando en playas y piscinas”, lamenta Perelló.
En 2020 se aprobó un decreto autonómico que, en teoría, debía ser el marco definitivo. Sin embargo, su contenido quedó en papel mojado: cada artículo remitía a una orden posterior que nunca se desarrolló. Cinco años después, ese decreto sigue vacío y la profesión continúa en el limbo.
La consecuencia es obvia. Los servicios de socorrismo se adjudican al mejor postor, es decir, al precio más bajo. Y cuando el coste es la prioridad, la calidad se convierte en la primera víctima. Las empresas adjudicatarias recortan en equipamiento, en formación y en salarios. Como las inspecciones son escasas —y las sanciones, casi inexistentes—, el ciclo se perpetúa. El socorrista trabaja desprotegido y el bañista cree estar más seguro de lo que realmente está.
Formación profesional y futuro del socorrismo en la Comunitat Valenciana
La paradoja es que sí existe una vía para dignificar la profesión. Se trata del certificado de profesionalidad de 420 horas, una formación reglada que debería garantizar la presencia de socorristas cualificados en playas y piscinas. Pero su elevado coste, unos 1.600 euros, unido a la temporalidad del empleo, lo convierte en un esfuerzo difícil de asumir. “Si después de invertir tanto en formarte solo trabajas tres meses y cobras el mínimo, la gente se lo piensa”, admite Perelló.
El vacío lo llenan los atajos. Según explica él mismo, este verano el Ayuntamiento de Torrevieja llegó a promocionar un curso de apenas 20 horas para cubrir la falta de socorristas en sus playas. “Eso es jugar con la vida de la gente”, advierte con contundencia. El resultado es que, en demasiados arenales, la vigilancia recae en adolescentes de 16 o 17 años, que afrontan sin experiencia ni madurez la enorme responsabilidad de custodiar playas abarrotadas.
La salida, insiste la Federación, no pasa por rebajar la formación sino por cambiar el modelo. Ampliar la temporada de baño —cada vez más extensa por el cambio climático— permitiría dar estabilidad al sector, mejorar salarios y profesionalizar un servicio que hoy depende de contratos precarios. “El socorrismo no es un gasto, es una inversión. Si ampliamos la temporada, tendremos profesionales estables y experimentados”, subraya Perelló.
El diagnóstico es claro y no admite maquillaje: socorristas precarizados, normativa inexistente y administraciones que miran hacia otro lado. La denuncia de CGT y la intervención de la Inspección de Trabajo han abierto una grieta en ese muro, pero el cambio profundo sigue pendiente.
Hasta que el socorrismo no sea reconocido como un servicio público esencial, la seguridad en playas y piscinas seguirá dependiendo de profesionales mal pagados, expuestos al calor y sin respaldo legal. Y la pregunta final flota en el aire: ¿seguiremos viendo el socorrismo como un simple gasto… o empezaremos a entenderlo como lo que realmente es? Sencillamente, puede llegar a ser, ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte.