Miles de estudiantes valencianos cuentan ya las horas para enfrentarse a la Selectividad 2026, pero este año la PAU llega marcada por una tensión inédita entre la Generalitat y el profesorado. La Conselleria de Educación ha decidido blindar completamente los exámenes del 2 al 4 de junio con servicios mínimos del 100% y ha lanzado un mensaje claro: los docentes designados para los tribunales que no se presenten podrían enfrentarse a expedientes disciplinarios y descuentos salariales.
La medida llega en plena huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana, convocada desde el pasado 11 de mayo por varios sindicatos educativos, que denuncian recortes, sobrecarga burocrática y la pérdida de cientos de plazas docentes en Formación Profesional.
Educación no quiere “ni un alumno perjudicado”
La Generalitat sostiene que la prioridad absoluta es garantizar que la PAU se celebre “con normalidad y en igualdad de condiciones”. Desde la Conselleria recuerdan que miles de estudiantes dependen de estas pruebas para acceder a carreras universitarias, becas y plazas de estudios superiores.
“La PAU no es un trámite administrativo”, ha defendido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, que insiste en que el derecho a la educación debe prevalecer frente al impacto de la huelga.
La administración autonómica cuenta además con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ya avaló anteriormente los servicios mínimos en Bachillerato al considerar “preponderante” el interés general del alumnado.
Qué puede pasar si un profesor no acude al tribunal
La advertencia de Educación ha elevado todavía más la tensión en los centros educativos. Los docentes designados para formar parte de los tribunales de la PAU tienen obligación legal de acudir, y la ausencia injustificada podría derivar en:
- Apertura de expediente disciplinario.
- Pérdida proporcional de salario.
- Posibles responsabilidades administrativas.
La Conselleria considera que la celebración de la PAU es un servicio esencial y sostiene que los servicios mínimos no eliminan el derecho a huelga, sino que lo limitan temporalmente para proteger otro derecho fundamental: el acceso a la educación superior.
Los sindicatos consultan ahora a los docentes
Mientras tanto, los sindicatos educativos mantienen abiertas consultas internas con el profesorado para decidir si aceptan el último acuerdo planteado por Educación o endurecen todavía más las movilizaciones.
El conflicto sigue especialmente vivo en Formación Profesional, donde plataformas docentes denuncian que los recortes aprobados por la Orden 9/2025 han supuesto el despido de más de 400 profesores y un aumento de ratios que, en algunos casos, alcanza los 50 alumnos por aula.
Desde la asamblea “No a los recortes en FP” alertan de que la situación ya está afectando directamente al alumnado: algunos estudiantes podrían quedarse sin notas finales o sin certificaciones a tiempo para acceder a la universidad o matricularse en ciclos formativos.
La Generalitat quiere evitar a toda costa imágenes de caos o incertidumbre durante la Selectividad. Por eso, la Comisión Gestora de la PAU adelantará incluso la constitución de tribunales antes del 29 de mayo, replicando medidas extraordinarias similares a las utilizadas durante la pandemia.
Pese al conflicto abierto, Educación insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias: los exámenes se celebrarán, no habrá cambios en los criterios de corrección y las notas se publicarán previsiblemente el 12 de junio.
Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad, la tensión entre administración y profesorado sigue creciendo. Y con ella, la sensación de que esta PAU 2026 será recordada como una de las más conflictivas de los últimos años en la Comunitat Valenciana.