No todos los municipios que forman parte del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana tienen aerogeneradores en su término. Algunos conviven con líneas de alta tensión, subestaciones o caminos que dan servicio a los parques vecinos. Otros simplemente los ven desde sus ventanas. Sin embargo, todos ellos cargan con las consecuencias paisajísticas, ambientales o logísticas de un modelo energético del que, hasta ahora, solo unos pocos se beneficiaban directamente. El Fondo de Compensación del Plan Eólico existe precisamente para corregir ese desequilibrio.
5,68 millones de euros, la mayor convocatoria hasta la fecha
La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que encabeza Marián Cano, ha abierto la convocatoria anual del Fondo de Compensación del Plan Eólico con una dotación de 5,68 millones de euros, la cifra más elevada registrada en los últimos ejercicios. El salto es significativo: en convocatorias anteriores centradas en solo cuatro zonas eólicas se repartieron entre 2,2 y 4,4 millones de euros. Esta vez, el fondo abarca nueve zonas —la 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12—, distribuidas entre las provincias de Castellón y Valencia, lo que explica tanto el volumen como el alcance ampliado de la ayuda.
El dinero no sale de los presupuestos generales, sino directamente del bolsillo de las empresas promotoras. La cantidad se corresponde con el canon que los promotores de las zonas eólicas han abonado a Ivace+i Energía, el organismo dependiente de la Generalitat que gestiona todo el proceso. Es, en esencia, un mecanismo de retorno: quien genera negocio con el viento devuelve una parte a los territorios que lo hacen posible.
Los ayuntamientos interesados tienen plazo para presentar sus proyectos hasta el 20 de noviembre de 2026.
Una lógica de justicia territorial: primero, los que más ceden sin recibir
El sistema de reparto del fondo responde a una lógica clara, aunque no siempre evidente: la finalidad del mecanismo es que puedan beneficiarse todos los municipios incluidos de alguna manera dentro del Plan Eólico y no únicamente aquellas localidades en cuyos términos municipales se han construido parques eólicos. Esto significa que un pueblo que sufre el paso de una línea eléctrica de alta tensión o que ve sus campos atravesados por caminos de servicio tiene derecho a compensación, aunque no haya un solo molino en su horizonte.
El orden de prioridad en la asignación de fondos está pensado con esa misma filosofía. Las ayudas se reparten siguiendo un orden de prioridad que valora, en primer lugar, aquellos municipios que albergan infraestructuras eléctricas asociadas a los parques —como líneas o subestaciones— aunque no tengan aerogeneradores en su término. Después, se consideran las localidades donde los parques son visibles, seguidas de las que cuentan con obras o caminos de acceso, y finalmente, los municipios que sí acogen parques eólicos, ya que estos ya reciben ingresos propios por licencias o impuestos. Un sistema que, en cierto modo, premia a los que dan sin recibir.
¿En qué se puede gastar el dinero?
Las subvenciones no son de libre disposición, pero sí contemplan un abanico amplio de posibilidades. El eje central son las infraestructuras rurales: mejora de caminos, accesos a pedanías, caseríos y masías, electrificación de granjas y edificaciones aisladas, o cualquier actuación que refuerce los servicios básicos en el medio rural. Las actuaciones pueden ir desde la mejora de infraestructuras municipales a la mejora de redes de alcantarillado, alumbrado público y la renovación de la red de abastecimiento de agua y pavimento, así como la adecuación de zonas deportivas o la restauración de edificios públicos.
Junto a ello, también se subvencionan proyectos de energías renovables, tanto construcciones de instalaciones de aprovechamiento de este tipo de energías como la organización de acciones de divulgación como talleres, cursos, foros o charlas. Hay una cierta coherencia circular en ello: el territorio que alberga la energía del viento también puede convertirse en laboratorio de la transición energética.
Por último, se respaldarán económicamente todos aquellos proyectos que incidan en una mejora de las condiciones socioeconómicas de los municipios. Una cláusula amplia que abre la puerta a iniciativas de dinamización local, empleo o desarrollo comunitario en zonas que, con demasiada frecuencia, han visto cómo la actividad económica se marchaba junto a la población joven.
El interior valenciano, entre el viento y el despoblamiento
El contexto en el que opera este fondo no es menor. Las comarcas del interior de Castellón y Valencia —Els Ports, Los Serranos, el Camp de Túria, La Serranía o el Maestrat— acumulan décadas de despoblamiento progresivo. Son territorios donde el paisaje ha cambiado con la llegada de los parques eólicos, donde las infraestructuras básicas siguen siendo una asignatura pendiente y donde cada euro de inversión pública tiene un impacto multiplicador difícil de comparar con el de las ciudades. Que los 5,68 millones lleguen precisamente este año a nueve zonas simultáneamente es una señal de que el modelo de compensación está ganando escala.
En convocatorias anteriores, municipios como Morella, Forcall, Chelva, Andilla, Higueruelas o Casinos ya se beneficiaron de proyectos financiados por este mecanismo. La pregunta ahora es cuántas localidades más, de las zonas que se incorporan por primera vez a esta convocatoria conjunta, podrán transformar en realidad concreta lo que hasta ahora era solo el zumbido lejano de un aerogenerador.