El miércoles 11 de noviembre no será un día laborable corriente en la Comunitat Valenciana. La huelga general convocada por CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y el Sindicat de Llogateres movilizará a miles de trabajadores en un paro que va más allá de lo estrictamente laboral: la crisis de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos son las banderas que los convocantes han enarbolado ante los 2,2 millones de trabajadores de la Comunitat a quienes piden sumarse al paro. Ante esa realidad, la Generalitat ha activado su maquinaria para que lo esencial no se detenga del todo.
La Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolución que establece los servicios mínimos en transportes, educación, sanidad y servicios sociales. Los porcentajes oscilan entre el 25% y el 80% según el servicio, una horquilla que refleja tanto la importancia de cada área como la necesidad de garantizar que la vida cotidiana no quede en suspenso.
El metro y el tranvía, al 80%: sin alternativa, sin reducción
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) mantendrá el 80% de su servicio habitual tanto en Metrovalencia como en el TRAM d'Alacant, un porcentaje elevado que la propia resolución justifica por la ausencia de transporte público alternativo durante la jornada de huelga. Quien depende del metro para llegar al trabajo o al médico no tiene otra opción, y la norma lo reconoce de forma explícita.
En ese cómputo no se incluyen los denominados "trenes y tranvías materiales", es decir, los que circulan vacíos de pasajeros —incluyendo los trenes de reposicionamiento, cuya función es colocar el material móvil en los puntos de salida correctos para cuando acabe la huelga— con el objetivo de que los efectos del paro no se trasladen a los horarios posteriores al levantamiento de la convocatoria.
Los servicios de Mantenimiento, Instalaciones Fijas y Talleres —incluido el personal del Centro de Gestión de Averías del Telemando— operarán al 70% de lo habitual. Más cautos son los servicios de Comunicaciones y Línea Aérea, donde la norma fija un mínimo de dos personas por razones de seguridad: se trabaja en alturas, en fosos o con riesgo eléctrico, y eso no admite improvisaciones.
Las Brigadas de Atención Permanente (BAP) también deberán contar con al menos dos personas en cada una, mientras que los servicios de Atención al Cliente Centralizados funcionarán al 90%. El mantenimiento de los equipos de peaje —máquinas autoventas, taquillas de recarga de tarjetas de viaje, sistemas de validación y control de accesos— quedará garantizado al 75%. En cuanto a los autobuses interurbanos de Metrobús, se fija un 70% en horas valle y un 80% en horas punta, considerándose punta los tramos de 6:30 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 21:00 horas. Las estaciones de ITV gestionadas por Sitval operarán al 40%, reprogramando las citas afectadas y atendiendo de forma prioritaria a los servicios de emergencia.
En las aulas: un mínimo para que nadie quede sin atención
La Conselleria de Educación ha diseñado un esquema de servicios mínimos que, aunque garantiza la apertura de los centros, dejará las aulas muy lejos de su actividad habitual. En todos los centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat deberá permanecer al menos una persona del equipo directivo, excluida de las tareas lectivas.
En Educación Infantil y Primaria se asegurará la presencia de un docente por etapa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En los centros de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas y Formación de Personas Adultas, la ratio baja a un docente por etapa y al menos uno por cada diez unidades. No es una jornada lectiva al uso: es, en la práctica, una jornada de guardia.
El transporte escolar deberá prestarse al 50% del servicio regular, priorizando las rutas de centros de educación especial, los vehículos adaptados, las zonas rurales y los municipios sin alternativa razonable de transporte. Los comedores escolares garantizarán al menos el 60% del servicio regular, con un mínimo de un monitor por etapa hasta Secundaria; en Educación Infantil de 0-3 años y en Educación Especial, el personal habitual no podrá reducirse por debajo del 80%.
Sanidad: el 100% donde la vida no admite espera
La Conselleria de Sanidad ha establecido un modelo de servicios mínimos escalonado según la urgencia de cada área asistencial. En los hospitales se mantendrán los servicios equivalentes a un domingo: hospitalización, servicios centrales urgentes, quirófano de urgencias, urgencias hospitalarias, restauración, mantenimiento y atención en tecnología sanitaria.
Los servicios de diálisis, oncología, radioterapia, UCI, Unidades de Reanimación, el programa de trasplantes y los hospitales de día funcionarán al 100%. No podría ser de otra manera: son áreas donde la interrupción de la actividad puede costar una vida. Al 50% operarán farmacia hospitalaria, quirófanos programados, hospitalización a domicilio y servicios centrales. Las consultas externas preferentes, tanto en hospitales como en centros de especialidades, quedarán en el 25%.
En Atención Primaria, los Puntos de Atención Sanitaria y los Puntos de Atención Continuada —los servicios de urgencias de los centros de salud— mantendrán su jornada habitual al completo. El resto de centros de salud y consultorios auxiliares funcionará con los servicios propios de un sábado, el nivel mínimo que la normativa considera suficiente para atender las necesidades básicas de la población. Los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) del Servicio de Emergencias Sanitarias tampoco verán reducida su actividad.
La imagen de un miércoles laborable con el metro circulando al 80%, los hospitales de diálisis y oncología sin bajar la guardia y los colegios abiertos pero con una décima parte del profesorado habitual resume bien lo que supone gestionar una huelga general en una sociedad moderna: tener un empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni mantener unas condiciones de vida dignas , denuncian los convocantes, y mientras ese debate se libra en las calles, la administración trabaja para que nadie quede desatendido cuando más lo necesita.