Más de 5.000 personas adultas con discapacidad o enfermedad mental en la Comunitat Valenciana verán reforzada su protección jurídica gracias a un acuerdo inédito entre el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) y el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Dos instituciones que hasta ahora operaban en carriles paralelos se disponen a trabajar de forma coordinada, con un convenio en el horizonte y un objetivo común: que los trámites administrativos dejen de ser un obstáculo para quienes más necesitan que el sistema funcione.
Un acuerdo que nace de una reunión y apunta más lejos
La directora general del IVASS, María José Rico, y el decano autonómico de los registradores, Alejandro María Bañón, se reunieron recientemente para sentar las bases de esta colaboración. El encuentro, que parecía una cita de trámite, derivó en algo más ambicioso: el diseño de un marco de trabajo conjunto en materia de curatelas que se formalizará próximamente mediante un convenio. No es una declaración de intenciones vacía. Sobre la mesa ya hay actuaciones concretas, como el establecimiento de canales de comunicación directa entre los equipos del Servicio de Atención a Personas con Medidas Judiciales de Apoyo (SAPEMA) del IVASS y el cuerpo de registradores, además del intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre ambas instituciones.
"La experiencia y el conocimiento técnico de los registradores supondrán un valor añadido para el IVASS, especialmente en las cuestiones relacionadas con la gestión patrimonial y registral de las personas curateladas por la Generalitat." - María José Rico, directora general del IVASS
La colaboración no es caprichosa. Cuando la Generalitat ejerce la curatela de una persona, asume la responsabilidad de gestionar también su patrimonio: inmuebles, cuentas, herencias, contratos. Y es precisamente ahí donde el conocimiento registral resulta crítico. Hasta ahora, la coordinación entre los servicios sociales y las oficinas del Registro de la Propiedad dependía, en buena medida, de la iniciativa individual de cada profesional implicado. El convenio pretende institucionalizar ese puente.
El giro legal de 2021, aún en pleno aterrizaje
Para entender por qué este acuerdo llega ahora, hay que mirar atrás apenas cuatro años. En 2021, España aprobó la Ley 8/2021, de 2 de junio, que supone un cambio de paradigma en la atención a las personas con discapacidad, sustituyendo el concepto de «incapacidad» por el de «capacidad jurídica» y apostando por un modelo de apoyos personalizados que fomenten su autonomía y toma de decisiones. En la práctica, esto significó que figuras como la tutela tradicional —donde un tercero sustituía por completo la voluntad de la persona— quedaron fuera del sistema. Se eliminaron del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
Del modelo sustitutivo se pasó a un modelo de apoyos que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, auxiliándola solo en lo que sea necesario. Un principio que suena noble, pero que exige una coordinación institucional muy afinada para no quedarse en papel mojado. La Ley 8/2021 cambió las reglas del juego, y los sistemas de atención todavía están aprendiendo a jugarlas. El convenio entre el IVASS y los registradores es, en parte, una respuesta a ese aprendizaje colectivo.
"Queremos que este acuerdo tenga una traducción práctica y directa en la vida de las personas." - María José Rico, directora general del IVASS
5.000 personas y tres provincias: la escala del reto
El IVASS atiende actualmente a más de 5.000 personas adultas con medidas judiciales de apoyo a través del SAPEMA, con presencia en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. La cifra es significativa, pero aún más lo es su composición interna: alrededor de tres cuartas partes de esas personas cuentan con una curatela representativa, la modalidad más intensa de apoyo, en la que la Generalitat actúa en su nombre en decisiones que pueden incluir la venta de un piso, la aceptación de una herencia o la firma de un contrato de arrendamiento. Cada una de esas operaciones requiere, en algún momento, pasar por el Registro de la Propiedad.
La colaboración prevista apunta a agilizar precisamente esos momentos: reducir los tiempos de tramitación, resolver incidencias con mayor rapidez y mejorar la comunicación entre los técnicos del IVASS y las oficinas registrales. Son mejoras que, vistas desde fuera, pueden parecer menores. Pero para una persona que lleva meses esperando que se resuelva una gestión patrimonial que afecta a su vivienda o sus ahorros, la diferencia entre un trámite lento y uno ágil puede ser enorme.
Seguridad jurídica como garantía de derechos
El acuerdo tiene también una dimensión simbólica relevante. Que los registradores —custodios por excelencia de la seguridad jurídica en materia de propiedad— se impliquen activamente en la protección de personas vulnerables bajo curatela pública refleja una comprensión más amplia de lo que significa garantizar derechos. No basta con que la ley los reconozca; hace falta que el entramado institucional los haga efectivos, también en los registros y en los despachos.
La directora general del IVASS subrayó que la colaboración institucional es "fundamental" para garantizar una protección efectiva de los derechos e intereses de las personas con medidas judiciales de apoyo. Con más de 5.000 historias de vida detrás de ese número, el convenio que está por firmarse no es solo un documento administrativo: es la apuesta de dos instituciones por demostrar que la burocracia también puede ponerse al servicio de las personas más frágiles.