Cuatro instituciones clave de la Comunitat Valenciana tendrán acceso, a partir de ahora, a la formación que imparte el Instituto Valenciano de Administración Pública. El Consell ha dado luz verde a un convenio de colaboración entre el IVAP y el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social (CES), la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con el objetivo de mejorar la capacitación del personal que trabaja en estas entidades públicas. Un paso que amplía el perímetro formativo de una institución que, en 2024, formó a más de 38.000 empleados públicos de la Generalitat a través de más de 350 cursos.
Un motor de formación pública con más de cuatro décadas de historia
El IVAP fue creado por decreto del Consell el 28 de enero de 1980 como órgano responsable de la política de formación del personal al servicio de las diferentes administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. Más de cuatro décadas después, sigue siendo el referente formativo de la función pública valenciana. Su modelo no ha parado de crecer: solo en 2025 ha planificado 570 cursos para el personal de la Administración de la Generalitat, cien más que en 2024.
Ahora, con este nuevo convenio, el IVAP da un paso más allá de los límites tradicionales de su actividad. Hasta ahora, su plan de formación estaba dirigido fundamentalmente al personal de la propia Generalitat. El acuerdo aprobado por el Consell abre esa puerta a empleados de cuatro organismos que, hasta ahora, quedaban fuera de ese circuito. No es un cambio menor: hablamos de instituciones con funciones tan distintas como la consultoría jurídica, la vigilancia contra la corrupción, el diálogo social o la normalización lingüística.
Qué incluye el acuerdo y cómo funcionará
El convenio establece un modelo de colaboración bidireccional. Por un lado, el IVAP abre sus puertas: facilitará la participación de los empleados de estas cuatro instituciones en sus cursos en línea de carácter autoformativo, en las acciones formativas de modalidad online y en las jornadas y seminarios de convocatoria anual, siempre en función de la disponibilidad de plazas. También asumirá la selección de participantes, la gestión de las actividades y la expedición de los certificados correspondientes.
Por otro lado, las instituciones firmantes no llegan al acuerdo con las manos vacías. El Consell Jurídic Consultiu, el CES, la AVL y la Agencia Antifraude podrán participar en la elaboración de contenidos de las acciones formativas relacionadas con materias de interés común, y se comprometen a contribuir a generar o actualizar al menos una acción formativa en línea al año. Esos contenidos se determinarán de forma conjunta con el IVAP, que actúa como órgano rector de la política formativa en el ámbito de las administraciones públicas valencianas.
La colaboración va más allá del aula virtual. El convenio contempla también la participación en la organización de jornadas y seminarios presenciales, el apoyo administrativo y técnico en actividades de interés compartido y la cesión de espacios —aulas u otros entornos adecuados— para desarrollar las acciones formativas. Es decir, no solo se comparte conocimiento; también se comparten recursos físicos.
Una comisión de seguimiento y sin coste para las arcas públicas
Para asegurar que el acuerdo no queda en papel mojado, el convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las cinco entidades firmantes. Este órgano será el encargado de supervisar el desarrollo del convenio y de proponer las actividades formativas que se llevarán a cabo conjuntamente. Una fórmula conocida en la gestión pública, pero que aquí cobra especial sentido dado el perfil tan diverso de los organismos implicados: coordinar a un organismo de vigilancia del fraude con una academia de la lengua no es una tarea trivial.
El IVAP consolida así su papel como motor formativo de la Administración valenciana, apostando por una mejora constante en las competencias del personal público, desde la digitalización hasta la igualdad o la protección de datos. Y lo hace, en esta ocasión, sin incrementar el gasto público: la formalización del convenio no implica aportación presupuestaria para ninguna de las partes, ya que todas las actuaciones previstas se atenderán con los medios personales y materiales ya disponibles.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por periodos adicionales de igual duración hasta un máximo de dos prórrogas. Una fórmula prudente que, en la práctica, deja la puerta abierta a que esta red de colaboración formativa se consolide a medio plazo. Si funciona, el modelo podría sentar un precedente para que otras instituciones del ecosistema público valenciano se sumen a este tipo de convenios compartidos. Al fin y al cabo, la formación es concebida como una palanca de mejora de los servicios públicos y el plan de formación es un instrumento básico para la mejora continua y modernización de la administración.

