Detrás de cada separación o divorcio conflictivo hay, casi siempre, menores que necesitan seguir viendo a sus familias en condiciones seguras. Para eso existen los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales donde los niños y adolescentes pueden mantener sus vínculos afectivos cuando la situación en casa se ha roto. Y son precisamente los abogados quienes, desde los juzgados, observan día a día cómo funcionan —o cómo podrían funcionar mejor— estos recursos públicos. La Generalitat Valenciana ha decidido escucharlos.
Un encuentro para mejorar un servicio que toca vidas muy vulnerables
El secretario autonómico de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Ignacio Grande, se reunió con representantes del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA) para conocer de primera mano sus propuestas sobre la red de Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana. A la cita también asistió la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such.
Los Puntos de Encuentro Familiar son el servicio especializado en el que se presta atención profesional para facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso. No son, por tanto, un recurso menor: son el puente que evita que un conflicto entre adultos acabe cortando los lazos entre un hijo y sus padres.
Los representantes del CVCA trasladaron durante el encuentro distintas consideraciones nacidas directamente de su experiencia profesional y de su intervención en procedimientos judiciales donde estos puntos de encuentro juegan un papel clave. También pusieron sobre la mesa propuestas concretas relacionadas con la organización y la prestación del servicio. Los abogados son, junto a los jueces y los equipos técnicos, los actores que mejor conocen las tensiones reales del sistema, lo que convierte su voz en un insumo difícilmente sustituible.
El peso del servicio, en cifras
Los datos hablan por sí solos: 1.138 menores fueron atendidos durante el último año en los Puntos de Encuentro Familiar valencianos , una cifra que evidencia la dimensión real de un servicio que, aunque invisible para la mayoría de la ciudadanía, resulta determinante para miles de familias en situación de crisis. Estos recursos ofrecen un espacio neutral y seguro en el que las relaciones familiares pueden desarrollarse bajo supervisión profesional, garantizando tanto la protección de los menores como el adecuado desarrollo de los encuentros.
La actuación del Punto de Encuentro Familiar está determinada por las dificultades para desarrollar las estancias, visitas o comunicaciones de forma autónoma, o por la necesidad de prevenir riesgos, y su objetivo es promover las condiciones para que las relaciones de la persona menor de edad con sus familiares puedan desarrollarse de forma beneficiosa para ella sin necesidad de una intervención externa. Dicho de otro modo: el PEF no es el destino, sino el camino hacia una normalización que, en los mejores casos, acaba haciéndolo prescindible.
Diálogo como método, no como excepción
Grande agradeció la colaboración de los profesionales del ámbito jurídico y reiteró su compromiso con el diálogo y la escucha de los distintos agentes implicados en la atención a las familias y a los menores. No es un gesto retórico: la reunión se enmarca en una estrategia más amplia de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para mantener una interlocución permanente con los profesionales vinculados al sector, con el objetivo de favorecer el buen funcionamiento de los recursos públicos.
En un ámbito tan sensible como la protección de la infancia, donde las decisiones afectan directamente al bienestar emocional de los menores, la colaboración entre administración pública y operadores jurídicos no debería ser una novedad, sino una norma. Que el secretario autonómico se siente a escuchar a los abogados —y no solo a los técnicos de su propio departamento— apunta a un enfoque más integrador de la política social valenciana, uno en el que quienes tramitan los casos desde los juzgados también tienen algo que decir sobre cómo mejorar los recursos que el sistema pone a disposición de las familias más vulnerables.