Hay documentos que certifican quién eres, de dónde vienes o a qué tienes derecho. Y hay catástrofes que los borran en cuestión de horas. La dana del 29 de octubre de 2024 demostró, de la forma más cruda posible, que los archivos valencianos eran vulnerables. Ahora, la Generalitat Valenciana ha dado un paso firme para que no vuelva a ocurrir: ha presentado una nueva estrategia de prevención y gestión de emergencias para el patrimonio documental, respaldada con una inversión de 1,5 millones de euros.
Una jornada con mucho más que ponencias
El escenario elegido no era casual. El Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana, acogió la XII Jornada Archivos Siglo XXI, organizada por la Dirección General de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. El encuentro reunió a especialistas nacionales en conservación preventiva, gestión del riesgo, protección civil y patrimonio cultural, todos ellos dirigidos a los profesionales del Sistema Archivístico Valenciano. Pero más que un evento formativo, la jornada funcionó como una declaración de intenciones: la protección del patrimonio documental ya no es una cuestión técnica menor, sino una política pública de primer orden.
Así lo dejó claro Ignacio Prieto, director general de Cultura, en su intervención inaugural. Sus palabras apuntaron directamente al corazón del asunto.
"Los archivos no son únicamente depósitos documentales; garantizan derechos, proporcionan seguridad jurídica, preservan la memoria institucional de nuestras administraciones y custodian la historia de nuestros municipios y de la Comunitat Valenciana." - Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
Lo que la riada se llevó —y lo que estuvo a punto de perderse para siempre
La dana de octubre de 2024 provocó al menos 238 fallecidos oficiales y cuantiosos daños materiales, situándose entre las peores riadas de la historia de España. Pero más allá de las infraestructuras, el agua arrasó con algo menos visible y no menos irreparable: la memoria escrita de decenas de municipios. En los archivos municipales, el panorama era desolador. La mayoría ocupaban espacios en plantas bajas y sótanos, y la fuerza del agua destrozó puertas metálicas e incluso compactos repletos de documentación, de modo que el acceso en los primeros días solo pudo realizarse de la mano de bomberos.
El diagnóstico elaborado en el marco del Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana cifra en más de 20,7 millones de euros los daños sufridos por asociaciones culturales, con 151 infraestructuras socioculturales dañadas, entre ellas 17 bibliotecas públicas destruidas, archivos públicos y el conjunto del gremio de libreros. Una cifra que obliga a reflexionar: ¿cuánto vale un documento que certifica la propiedad de una tierra, un acta municipal centenaria o el padrón de un pueblo entero?
Desde los primeros días posteriores a la catástrofe, la Generalitat activó una respuesta inmediata para evaluar los daños sufridos por los archivos municipales, parroquiales y judiciales de las localidades más afectadas, como Paiporta, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Algemesí y Aldaia. La Conselleria y el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) coordinaron las primeras actuaciones de emergencia sobre el terreno y promovieron la habilitación de un espacio de más de 10.000 metros cuadrados en Feria Valencia para el rescate, secado y estabilización de la documentación dañada.
1,5 millones de euros para que la historia no se repita
La respuesta de emergencia fue necesaria, pero insuficiente como solución estructural. Por eso, la Generalitat ha puesto sobre la mesa una inversión de 1,5 millones de euros destinada específicamente a la recuperación del patrimonio documental. Entre las medidas impulsadas destacan la contratación de personal especializado en conservación y restauración, la dotación de medios técnicos específicos y la puesta en marcha de ayudas directas para entidades culturales afectadas. Las actuaciones se extienden a los ejercicios 2025 y 2026, con una vocación de continuidad que va más allá del parche post-catástrofe.
A ello se suma el compromiso ordinario de la Dirección General de Cultura con el Sistema Archivístico Valenciano: una convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, dotada con 650.000 euros, para la restauración y digitalización de documentos históricos, la mejora de instalaciones en archivos municipales y el apoyo a servicios archivísticos mancomunados.
Prieto fue contundente al defender la lógica económica de la prevención: invertir antes de que ocurra la emergencia resulta siempre más eficaz, más responsable y más rentable que reparar los daños cuando ya se han producido. Una máxima que, dicho en voz alta frente a los profesionales del sector, sonó menos a eslogan y más a lección aprendida a golpe de riada.
Reconstruir también es recuperar la memoria
El director general quiso dejar claro que la recuperación impulsada por la Generalitat no se reduce a hormigón y asfalto. Los archivos, en su planteamiento, forman parte de la estrategia de resiliencia de la Comunitat Valenciana: son garantes de la memoria colectiva, de la identidad de los pueblos y de los derechos ciudadanos. La estrategia no se limita a reconstruir, sino que también apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crisis.
"Proteger nuestros archivos es proteger la historia de nuestros pueblos, los derechos de los ciudadanos y el futuro de la Comunitat Valenciana." - Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
En el fondo, la apuesta valenciana plantea una pregunta que va más allá de los presupuestos y los planes de emergencia: ¿qué clase de sociedad es aquella que no protege los documentos que acreditan quién es y de dónde viene? La dana lo puso en evidencia de manera brutal. La respuesta, con sus luces y sus sombras, ya está en marcha.