¿Puede la Justicia ser a la vez rápida, digital y humana? Esa es, en esencia, la pregunta que la consellera de Servicios Sociales y Justicia de la Comunitat Valenciana, Nuria Martínez, trasladó a los futuros juristas del CEU Cardenal Herrera durante la conferencia 'Los retos de la Justicia en el Siglo XXI', impartida al alumnado del grado de Derecho. Una clase magistral que fue, también, una declaración de intenciones sobre el modelo de administración pública que defiende: ágil, cercana, accesible y sostenible.
Una reforma judicial que ya está en marcha
La intervención de Martínez no se limitó a los grandes principios. La consellera puso sobre la mesa uno de los cambios estructurales más profundos que ha vivido el sistema judicial español en décadas: la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma, publicada en el BOE a comienzos de año, supone el fin de los juzgados unipersonales tal y como los conocemos. La ley convierte los más de 3.900 juzgados unipersonales existentes en 431 Tribunales de Instancia , uno por cada partido judicial del país, con el objetivo de promover un modelo más colegiado y especializado.
No es un cambio menor. La reforma organizativa entró en vigor el 23 de enero de 2025, con un calendario escalonado para la constitución de los Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025. En la práctica, esto significa que un ciudadano que hoy acude a un juzgado en cualquier rincón de España se relaciona ya con una estructura judicial radicalmente diferente a la que conocieron sus padres.
Tecnología sí, pero con límites claros
Uno de los ejes centrales del discurso de la consellera fue la digitalización de la Administración de Justicia. Martínez habló de inteligencia artificial, de sostenibilidad, de accesibilidad. Pero lo hizo desde una posición que no es la del entusiasmo tecnológico sin matices. Su mensaje fue más preciso y, en cierto modo, más valiente: la modernización tiene que tener límites éticos innegociables.
"La Justicia del siglo XXI tiene que poder cambiar sin dejar de ser fiel a los principios que la sustentan. Modernizar sin perder garantías. Ser eficientes sin afectar la independencia judicial. Digitalizar sin levantar barreras nuevas. Y no dejar nunca que una máquina ocupe el lugar de una persona cuando hay derechos en juego" - Nuria Martínez, consellera de Servicios Sociales y Justicia de la Comunitat Valenciana
La frase no es retórica. En un momento en que varios países ya experimentan con algoritmos para predecir reincidencias o automatizar resoluciones de menor cuantía, la advertencia de Martínez apunta a un debate que la comunidad jurídica internacional lleva años afrontando sin consenso: ¿dónde acaba la herramienta y dónde empieza el juicio humano?
La Justicia como servicio público esencial
Más allá de los tecnicismos normativos, la consellera reivindicó algo que a veces se olvida en los debates sobre eficiencia: que la Justicia es, ante todo, un servicio público. Y que su calidad se mide no en estadísticas de resolución, sino en la experiencia de quien llega a ella en un momento de vulnerabilidad.
"Cuando alguien está en una situación difícil, el poder público le tiene que responder con rapidez, con claridad y con humanidad" - Nuria Martínez, consellera de Servicios Sociales y Justicia de la Comunitat Valenciana
La defensa de los servicios públicos —la Justicia y los Servicios Sociales entre ellos— como red de protección ciudadana fue una constante en su intervención. No es un argumento nuevo, pero cobra especial relevancia en un contexto de transformación acelerada, donde la tentación de reducir costes mediante la automatización puede entrar en tensión directa con la garantía de derechos fundamentales.
Un mensaje para quienes estudian Derecho hoy
La charla también tuvo un componente vocacional. Martínez se dirigió a un auditorio que está aprendiendo a ejercer el Derecho precisamente en el momento en que las reglas del juego están cambiando. Y su mensaje fue claro: las herramientas evolucionan, pero los cimientos no.
La consellera apostó por "conjugar transformación, tecnología y confianza para construir la Justicia que nuestra sociedad merece: una que cambia sin dejar a nadie atrás", y les recordó a los estudiantes que, más allá de los cambios normativos y del constante desarrollo tecnológico, lo que dará sentido a su trabajo "seguirá siendo lo de siempre: la dignidad de las personas, la defensa de sus derechos y la búsqueda de justicia".
En un país donde la percepción ciudadana sobre la lentitud y complejidad del sistema judicial sigue siendo uno de los principales motivos de desconfianza institucional, palabras como las de Martínez apuntan a algo más que una conferencia universitaria: trazan el perfil de lo que debería ser la política de Justicia del siglo XXI, aquella que entiende que modernizarse no significa deshumanizarse.


