En el momento en que la futura Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 se negocia sin que el presupuesto esté cerrado, la Comunitat Valenciana ha viajado a Bruselas para dejar clara su posición: más financiación, menos papeles y normas adaptadas a la realidad del campo valenciano. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca participó en la reunión de la coalición Agriregions, donde el director general de la PAC, Ángel Marhuenda, trasladó las principales reivindicaciones del sector agrario valenciano ante representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones.
Tres demandas concretas sobre la mesa
No fue una intervención vaga ni protocolaria. Marhuenda llegó a Bruselas con tres peticiones bien definidas que responden a problemas concretos del día a día de los agricultores valencianos. La primera, y quizás la más transversal, apunta a la simplificación administrativa: la Comunitat Valenciana exige que la futura PAC haga obligatorio el régimen simplificado para reducir la carga burocrática que hoy pesa sobre los agricultores. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años de protestas del campo europeo es que el exceso de trámites no es un problema menor, sino uno de los motivos que más aleja a los jóvenes de trabajar la tierra.
La segunda demanda afecta directamente al registro digital de tratamientos fitosanitarios, una medida cuya entrada en vigor genera serias dudas entre los productores más pequeños. Marhuenda reclamó retrasar su implantación y, además, eximir de su cumplimiento a las pequeñas explotaciones, que no siempre disponen de los recursos tecnológicos ni administrativos para adaptarse a nuevas exigencias digitales en tiempos reducidos. No es un capricho: es reconocer que un agricultor con pocas hectáreas y muchos años de oficio no puede asumir las mismas obligaciones que una gran empresa agroalimentaria.
La tercera petición pone el foco en un cultivo con historia y con problemas: el arroz. El director general defendió la modificación de las cláusulas de salvaguardia para garantizar la competitividad y la viabilidad del sector arrocero europeo, un cultivo especialmente sensible a la competencia internacional y a los cambios normativos. Para regiones como la valenciana, donde el arroz forma parte del paisaje, la economía y la identidad cultural, esta cuestión no es menor.
El dinero, la gran incógnita de la PAC 2028-2034
El encuentro de Agriregions se celebra en un contexto de máxima incertidumbre presupuestaria. La PAC 2028-2034 afronta una negociación decisiva después de que los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzaran el 26 de octubre de 2026 un acuerdo parcial sobre su futura regulación. Sin embargo, el acuerdo recoge algunos de los ejes defendidos por el Gobierno español, pero la garantía de un presupuesto suficiente continúa pendiente. Dicho de otro modo: se han pactado las reglas del juego, pero aún no se sabe cuánto dinero habrá sobre la mesa.
Copa-Cogeca advirtió de que el escenario presupuestario contempla recortes superiores al 20% en la mayoría de los Estados miembros. Una cifra que, de confirmarse, sacudiría los cimientos del sector agrario en toda Europa. No es de extrañar, pues, que las regiones que integran Agriregions hayan alzado la voz para exigir garantías de que los fondos anunciados por la Comisión Europea lleguen efectivamente al sector y no se diluyan en el camino.
El peso de las regiones en la negociación europea
La Comunitat Valenciana no llegó sola a esta cita. Lo hizo junto a Andalucía, Castilla y León, Galicia y otras regiones agrícolas europeas, todas ellas integradas en Agriregions, una coalición que agrupa a 23 regiones de siete Estados miembros de la Unión Europea y que representa más del 25% de la superficie agrícola utilizada de la UE. Desde 2018, esta alianza trabaja para que las regiones no sean meras ejecutoras de decisiones tomadas en Bruselas, sino protagonistas en el diseño y la aplicación de la política agraria común.
En esa línea, las regiones presentes en la reunión reclamaron también preservar una financiación específica para el desarrollo rural, con recursos orientados a frenar la despoblación, reforzar la resiliencia de los territorios y garantizar la seguridad alimentaria. Porque sin campo vivo, tampoco hay pueblos vivos. Además, exigen que determinadas medidas agrarias continúen financiándose íntegramente con fondos europeos, sin condicionarlos a la cofinanciación nacional, lo que en la práctica puede suponer que algunos países con menos margen presupuestario acaben renunciando a ayudas que necesitan.
La cuestión de fondo es quién tiene la última palabra sobre cómo se gestiona la agricultura europea. La dotación de la PAC no se decide en la mesa de Agricultura, sino en la negociación del marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE para varios años que pactan los jefes de Estado y de Gobierno. Las regiones, que conocen de primera mano la diversidad de los sistemas agrícolas europeos, reclaman un modelo de gobernanza que les permita adaptar las políticas a sus realidades concretas y no al revés. En ese pulso entre lo local y lo europeo, la voz de Valencia en Bruselas busca que el futuro del campo no se decida solo desde los despachos.


