Más de seis años después de que la Generalitat Valenciana aprobara la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, uno de sus desarrollos reglamentarios más esperados acaba de ver la luz. El Consell ha aprobado el decreto que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, una norma que no solo pone orden en un sector enormemente heterogéneo, sino que sienta las bases para la creación de nuevas plazas y recursos asistenciales en toda la comunidad.
El decreto supone el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, que configura el marco jurídico de actuación de los poderes públicos valencianos en el ámbito de los servicios sociales y estructura el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Una ley que, entre otros avances, supuso el reconocimiento de los servicios sociales como servicios esenciales y de interés general. Con este decreto, el Consell da uno de los pasos reglamentarios más relevantes desde entonces.
Un mapa claro para un sistema complejo
Hasta ahora, la falta de una regulación unificada de las tipologías generaba cierta dispersión a la hora de planificar y organizar los recursos sociales. El nuevo decreto viene a corregir eso: establece el marco regulador de los centros, servicios y programas de servicios sociales, definiendo su clasificación, funcionamiento y ámbito de actuación dentro de la red de recursos del sistema público valenciano. Dicho de otro modo, pone nombre, forma y condiciones a cada pieza del engranaje.
La norma también ordena estos recursos dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del sistema. El objetivo es favorecer una planificación más homogénea y, sobre todo, más legible para las administraciones locales, los profesionales del sector y los propios ciudadanos. Porque uno de los problemas históricos de los servicios sociales ha sido precisamente ese: saber qué existe, quién lo gestiona y con qué criterios.
El decreto determina la tipología y descripción de los distintos centros, servicios y programas de servicios sociales valencianos y fija las condiciones materiales y funcionales básicas que deben cumplir, estableciendo un marco común que contribuya a garantizar una atención social de calidad. Una especie de estándar mínimo que, en la práctica, protege tanto a quienes prestan los servicios como a quienes los reciben.
Más de 1.700 voces escuchadas
El proceso de elaboración de esta norma no fue ni rápido ni silencioso. Durante la fase de consulta y revisión se analizaron más de 1.700 aportaciones realizadas por agentes empresariales, sindicatos, entidades del tercer sector, colegios profesionales, expertos y profesionales del ámbito de los servicios sociales. Una cifra que habla de la amplitud del diálogo abierto y del interés que despertó la norma entre quienes trabajan a diario en este sector.
Las contribuciones recibidas permitieron incorporar mejoras al texto y adecuar su contenido a la realidad del sector. No es un detalle menor: las normas que se elaboran con participación real del sector tienden a tener una aplicación práctica más sólida y una mayor seguridad jurídica. En este caso, además, el abanico de voces fue especialmente amplio, abarcando desde organizaciones empresariales hasta entidades sin ánimo de lucro.
La puerta abierta a nuevas plazas
Quizás el efecto más tangible para la ciudadanía sea este: la aprobación del decreto establece un marco regulador actualizado que favorece el desarrollo de nuevos recursos asistenciales y la planificación de nuevas plazas en los distintos ámbitos de atención social. Es decir, allana el camino burocrático y normativo para que puedan ponerse en marcha centros y servicios que hasta ahora encontraban obstáculos en la falta de un marco claro.
Además, el decreto no es el punto final, sino el inicio de una segunda fase normativa. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia aprobará próximamente las órdenes necesarias para concretar los aspectos técnicos y organizativos de los centros, servicios y programas. Entre estas cuestiones figurarán las condiciones materiales de los centros, las plantillas y ratios de personal, las titulaciones profesionales exigibles y los sistemas de participación de los usuarios.
El decreto llega en un momento en que la demanda de atención social no para de crecer en la Comunitat Valenciana, con una población que envejece, situaciones de vulnerabilidad que se diversifican y unas familias que cada vez necesitan más apoyo institucional. Con este objetivo, la norma promueve la universalidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, garantizando condiciones de igualdad, equidad y justicia. En ese contexto, contar por fin con un mapa normativo claro y compartido no es solo una cuestión técnica: es la condición necesaria para que el sistema pueda crecer de forma ordenada y llegar a quien más lo necesita.