La jornada laboral de 35 horas ya es una realidad en España. El Gobierno anunciaba desde marzo que la resolución se implantaría en la primera quincena de abril. Se trata de una reducción importante de las horas de trabajo que se aplica a los empleados de la Administración del Estado (AGE) y organismos públicos y que tiene previsto beneficiar a cerca de 246.000 personas.
La nueva norma horaria nace de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con el objeto de reducir las horas semanales desde las 37,5 horas hasta las 35 horas. Sin embargo, el proceso conlleva su tiempo, hasta que se complete la nueva reorganización interna en cada una de las áreas de la Administración.
Asimismo, otros regímenes de trabajo también se verán beneficiados: los que antes realizaban 40 horas semanales ahora pasarán a las 37,5 horas. Paralelamente, se revisarán las jornadas intensivas durante el verano.
Según la teoría, se trata de una reforma que busca la posibilidad de ejercer el trabajo de una manera estrechamente vinculada a la conciliación laboral y personal. Los sindicatos creen que con esta medida se consigue un avance para convencer y motivar al sector privado de aplicar reducciones en las jornadas de sus trabajadores.
UGT recalca que esta medida debería ir unida a una convocatoria de empleo público que ayude a ampliar y fortalecer las plantillas. El sindicato señala que, si no se suma personal, existe el peligro de que el volumen de tareas se acumule en menos tiempo, lo que podría repercutir negativamente tanto en los trabajadores como en la calidad del servicio.
Sin embargo, no todas las entidades ven la situación con el mismo enfoque. Desde Fedeca alertan de que será muy difícil sostener el nivel actual de los servicios públicos si no se destinan más medios y recursos.
¿A quiénes beneficia?
Pero, ahora bien, ¿a quién se le aplica esta reducción de la jornada laboral? Como decíamos, afecta especialmente a los trabajadores de la Administración General del Estado, es decir, al personal que trabaja en ministerios, delegaciones y organismos estatales. De igual manera, también lo hará con los trabajadores más allá de los ministerios, es decir, de los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público que estén vinculadas a la AGE.
Y entre ellos se encuentran los trabajadores de los ayuntamientos. No obstante, deberá ser por medio de una mesa de negociación como estas entidades acuerden la implantación de la jornada de 35 horas, aunque mencionan que, en cualquier caso, el objetivo es no superar el cómputo máximo de horas anuales establecido ahora en 1.533 horas.
Otros sectores beneficiados por la norma, que se añaden finalmente a la reducción de la jornada, son también:
- Empleados públicos de las Instituciones Penitenciarias
- Centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla
- Personal de «especial dedicación» (aunque pasarán de 40 a 37,45 horas semanales)
Todo esto provocará que las jornadas de los trabajadores terminen una hora y media antes de lo previsto, de manera que las instituciones se plantean dos posibles compensaciones: o bien cerrar antes de acuerdo con los nuevos horarios o contratar a más personal. Asimismo, sectores dependientes de la Administración Pública también verán modificadas sus jornadas dados los nuevos horarios.
¿Cuándo se aplicará?
Finalmente, la cuestión de la implantación no es compartida ni generalizada, puesto que será cada organismo el que deba negociar la medida y adaptarla a sus propios calendarios y a los de sus empleados.
Respuesta de la Generalitat Valenciana
Desde la Administración valenciana ya han informado de que durante el año 2024 los sindicatos firmaron un acuerdo con la Generalitat para la reducción de la semana laboral hasta 35 horas. Sin embargo, el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha anunciado que está elaborando un estudio sobre el impacto en costes de esta reducción.
De esta manera, con la implantación de la jornada sobre la mesa, la Conselleria realizará un informe sobre el gasto público para que su aplicación no suponga, de manera paralela, una reducción de la calidad de los servicios públicos.
No obstante, desde el sindicato de Comisiones Obreras denuncian que "mientras en la Comunidad Valenciana sigue paralizada la jornada de 35 horas, ya se ha aprobado para todo el personal de la Administración General del Estado". Denuncian que la Generalitat aún no ha presentado ninguna propuesta concreta para su implantación ni tampoco ha convocado un calendario de mesas sectoriales para coordinar su aplicación efectiva.