Las entidades locales de la Comunitat Valenciana que han sufrido los devastadores efectos de la DANA contarán con un marco fiscal más flexible y adaptado a su situación excepcional durante los ejercicios de 2026 y 2027. Esta importante medida, anunciada por José Antonio Redorat, director general de Administración Local, representa un alivio significativo para los ayuntamientos que han tenido que afrontar gastos extraordinarios para la recuperación de sus territorios.
La decisión, impulsada tras una solicitud formal de la Generalitat Valenciana, permitirá a estos municipios operar bajo un régimen especial que flexibiliza las estrictas reglas fiscales. El objetivo principal es asegurar que los esfuerzos de reconstrucción y atención a los ciudadanos no se vean obstaculizados por las exigencias de cumplimiento presupuestario, evitando así una doble carga para las administraciones locales ya golpeadas por la catástrofe natural.
Exención de planes económico-financieros
Una de las principales novedades que ha introducido este régimen excepcional es la exención de la obligación de aprobar un plan económico-financiero. José Antonio Redorat ha explicado que esta medida se aplicará específicamente durante los años 2026 y 2027. La exención beneficiará a los ayuntamientos en aquellos casos donde se produzcan incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto. Estos incumplimientos deberán derivarse directamente de la utilización del remanente de tesorería o del exceso de financiación afectada para cubrir los gastos extraordinarios generados por la DANA.
El director general ha subrayado la importancia de esta flexibilización, afirmando que “las entidades locales afectadas por la dana se beneficiarán de un régimen excepcional y más flexible para el cumplimiento de las reglas fiscales durante los ejercicios de 2026 y 2027”. Esta disposición es crucial, ya que los planes económico-financieros suelen imponer restricciones severas sobre el gasto y la inversión, lo que podría haber ralentizado o impedido la recuperación de las zonas afectadas.
Reconocimiento de gastos excepcionales
Además de la exención mencionada, el Ministerio de Hacienda ha atendido otra petición clave de la Generalitat Valenciana. Se ha incluido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, el reconocimiento explícito como gastos excepcionales de todas aquellas inversiones y desembolsos en los que los ayuntamientos valencianos hayan incurrido de forma extraordinaria para hacer frente a los efectos de la catástrofe. Este reconocimiento es fundamental para la correcta contabilidad y gestión de los recursos.
Este reconocimiento permitirá que la financiación destinada a cubrir dichos gastos se contabilice, a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales, en el ejercicio en el que se produce el gasto. Esta medida evita que los gastos extraordinarios por la DANA distorsionen los balances anuales y afecten negativamente la capacidad de los municipios para cumplir con sus obligaciones fiscales ordinarias en años posteriores.
Impacto y valoración de la medida
La implementación de estas medidas responde a la naturaleza sin precedentes de los gastos necesarios para garantizar la recuperación y la atención a los municipios afectados por la DANA. El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, establece los límites y requisitos bajo los cuales se aplicará esta exención, proporcionando un marco legal claro y robusto.
José Antonio Redorat ha valorado muy positivamente la respuesta del Ministerio de Hacienda a las peticiones formuladas por la Generalitat a través de una carta enviada el pasado 25 de marzo. “A petición de la Generalitat, los ayuntamientos afectados quedarán exentos de la obligación de aprobar un plan económico-financiero durante los años 2026 y 2027 en los casos en que se produzcan incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto derivados de la utilización del remanente de tesorería o del exceso de financiación afectada para atender estos gastos extraordinarios”, ha precisado el director general.
Asimismo, Redorat ha enfatizado que esta aprobación “supone un paso importante para dotar a las entidades locales de las herramientas necesarias para afrontar las consecuencias de la dana sin comprometer su estabilidad financiera ni generar desigualdades entre territorios”. Esta flexibilidad fiscal no solo facilita la gestión inmediata de la emergencia, sino que también contribuye a una recuperación más equitativa y sostenible, asegurando que ningún municipio quede atrás debido a las limitaciones presupuestarias impuestas por una situación de fuerza mayor.